PEDIDO DE ADMISTÍA INTERNACIONAL
Amnistía Internacional Argentina pedirá al Congreso Nacional que durante el 2013 incluya en la agenda legislativa la postergada discusión sobre despenalización del aborto, fundamental para garantizar la realización de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Amnistía Internacional Argentina pedirá al Congreso Nacional que durante el 2013 incluya en la agenda legislativa la postergada discusión sobre despenalización del aborto, fundamental para garantizar la realización de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En el Día Internacional de la Mujer, la organización hará entrega de las firmas colectadas hasta ahora en su Campaña Nacional a favor de un debate democrático, serio e informado acerca de la interrupción del embarazo, que continuará durante todo el año. En sólo tres meses se recolectaron más de 5000 firmas.
Amnistía Internacional también lanzará una encuesta a través de la cual, en una primera etapa, se buscará conocer y difundir la opinión de los legisladores nacionales sobre el aborto y la salud sexual y reproductiva.
“El hecho de que existan mujeres que mueren o se enferman gravemente por temor a acudir a servicios sanitarios tras haberse sometido a un aborto en condiciones inseguras y clandestinas obliga a repensar la política que queremos para nuestro país”, dijo Paola García Rey, Coordinadora del Área de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina.
“La penalización del aborto es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos y viola los derechos fundamentales de las mujeres”, concluyó.
Al cabo de casi 30 años de democracia, el Congreso adeuda una discusión sobre el aborto, cuya permanencia como delito en el Código Penal ha permitido que las complicaciones por prácticas inseguras y clandestinas de interrupción del embarazo sean la primera causa de mortalidad materna en la Argentina.
Las acciones impulsadas por Amnistía forman parte de la campaña global “Mi cuerpo, mis derechos”, tendiente a que los gobiernos de todo el mundo protejan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, jóvenes y adolescentes, y garanticen su acceso a la información, educación y servicios de salud sexual.
