DENUNCIA CONTRA LOSTRI
Los legisladores porteños Fernando Sánchez y Julio Raffo iniciaron una acción penal contra el subsecretario de Planeamiento Urbano de la Ciudad, Héctor Antonio Lostri, por incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación a la demolición ilegal del edificio histórico de la Avenida San Juan Nº 2820.
Fue demandado por incumplimiento de los deberes de funcionario público el subsecretario de Planeamiento de la Ciudad, Héctor Antonio Lostri, por la demolición de un edificio histórico, ubicado en la Avenida San Juan 2820, y haber firmado supuestamente un convenio con el infractor para garantizarle impunidad a la empresa.
La acción penal la presentaron los legisladores porteños Fernando Sánchez (Coalición Cívica) y Julio Raffo (Proyecto Sur). Sánchez y Raffo, quienes se presentan como candidatos a diputados por la Coalición Sur en las internas de UNEN, afirmaron que “Lostri incurrió en usurpación de autoridad, negociaciones incompatibles con las funciones públicas, e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El edificio estaba incorporado al Catálogo Preventivo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad cuando la empresa Scala de San Juan SRL requirió un “Permiso de Obra Nueva”. Ante esa solicitud, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) ratificó la catalogación y, siendo que el edificio había sido demolido, consideró que debían aplicarse las sanciones correspondientes.
“Lostri no aplicó ninguna sanción”, señalan Sánchez y Raffo y “muy por el contrario, pretendió eximir de responsabilidad a la empresa tal como surge de la firma del Convenio a cambio de una colaboración para con el Ministerio”.
Efectivamente, Lostri, firma la Resolución 272-SSPLAN-2011 en cuyos considerándos establece “… Que de la nueva documentación fotográfica agregada respecto del inmueble, se puede observar (que se trata) de un terreno baldío”; para luego resolver dejar sin efecto la incorporación del inmueble al mencionado Catálogo Preventivo.
El Convenio firmado entre el funcionario Lostri y el empresario Leonardo Leonel Scala, datado antes de esa Resolución, está agregado al expediente. En el mismo se absuelve “de cualquier sanción que le correspondería”. Por ese documento Scala se compromete a “…colaborar con las publicaciones del Tomo Atlas de Edificios Catalogados” y a “…abonar los costos que demanden las publicaciones…” conforme a un presupuesto que dice conocer pero cuyo monto no se consigna.
Ambos legisladores solicitaron la renuncia inmediata del funcionario macrista y reafirmaron su compromiso con la protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la Ciudad. “Este es un claro ejemplo de la falta de una política proteccionista del patrimonio por parte del Gobierno de la Ciudad”, declararon los diputados.
