CARRERA POR EL ENTE
Comenzó el debate legislativo por el segundo organismo de control que debe renovar sus autoridades: el Ente Regulador de los Servicios Públicos. Además de elevar la propuesta para definir su presidente ya hay candidatos para integrar el Directorio donde figura un diputado que no tiene claro cuál será su futuro.
La propuesta para la cobertura del cargo de Presidente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enviada por el Poder Ejecutivo a la Legislatura se encuentra en tratamiento de la Junta de Ética de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, que preside el diputado Jorge Garayalde (PRO).
En conformidad con lo dispuesto por el artículo 139 de la Constitución local y la Ley 210, fue propuesta para cubrir el cargo Paola Vanesa Michielotto, en reemplazo de Lisandro Ferrali.
Michielotto ya es vocal del organismo en representación de la Asociación Unión de Consumidores de Argentina y responde políticamente al vicepresidente primero de la Legislatura Cristian Ritondo, quien casualmente fue el encargado de firmar su nominación cuando se encontraba transitoriamente a cargo del Ejecutivo. Por supuesto la designación fue acordada con Mauricio Macri porque, de lo contrario, no hubiera llevado también la firma del jefe de Gabinete de Ministros, Horacio Rodríguez Larreta.
La audiencia pública para evaluar la idoneidad de la candidata fue convocada para el 29 de noviembre y hasta este jueves pueden presentarse los candidatos a vocales del organismo, que son cuatro. Hasta el momento se han presentado seis postulantes: Julio Raffo (Proyecto Sur), María América González (Buenos Aires para Todos), Adrián Camps (Socialismo Auténtico), Fernando Barrera (dirigente sindical en UPCN), Martina Eduarda David (CC ARI) y Alejandra Goldsack (Bases para la Unión).
El caso de Raffo sin duda es llamativo porque el legislador también se había propuesto para integrar la Defensoría del Pueblo, un organismo muy distinto al del Ente. Se ve que el diputado se siente capacitado para desempeñar cualquier función o al menos le da igual. De todas maneras, fuentes legislativas aclararon que se “bajó” de la Defensoría. No ocurrió lo mismo con María América González, que sigue con la doble postulación.
La Constitución de la ciudad de Buenos Aires establece en el artículo 132 que “la Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado, conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia. Comprende el control interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada en la elaboración y aplicación de sus normas”.
Específica en el artículo 138 que “el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es autárquico, con personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal. Ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto”.
Y sobre la integración, establece en el artículo 139 que “está constituido por un Directorio, conformado por cinco miembros, que deben ser profesionales expertos. Los miembros del Directorio son designados por la Legislatura por mayoría absoluta del total de sus miembros, previa presentación en audiencia pública de los candidatos. El Presidente o Presidenta será propuesto por el Poder Ejecutivo y los vocales por la Legislatura, garantizando la pluralidad de la representación, debiendo ser uno de ellos miembro de organizaciones de usuarios y consumidores. No podrán tener vinculación directa ni mediata con los concesionarios y licenciatarios de servicios públicos”.
