TERMINAL SUR
Si bien aún restan varios pasos en su camino legislativo, la Legislatura porteña dio sanción inicial al proyecto para permitir la construcción y puesta en funcionamiento de una estación de ómnibus de media y larga distancia en el sur de la ciudad de Buenos Aires. También se aprobaron otras normas que se detallan en esta nota.
En primera lectura fue aprobada una ley propuesta por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que modifica el Código de Planeamiento Urbano en lo que respecta a la construcción y funcionamiento de Estaciones de Ómnibus en la ciudad de Buenos Aires.
Diferencia las estaciones terminales e intermedias, y dentro de cada una de éstas, entre estaciones de media distancia y larga distancia. La norma permitirá la construcción y funcionamiento de Estaciones de transporte interjurisdiccional, contribuirá con la descongestión del tránsito vehicular y revalorizará la zona sur de la Ciudad.
Entre los considerandos del despacho de la Comisión de Planeamiento Urbano se explicó que “al momento de determinar los requerimientos técnicos, espaciales, de la infraestructura edilicia y de capacidad de trasporte de una estación de ómnibus, estos son iguales mas allá del destino (intermedio o final) que tengan los buses al trasponer los límites de nuestra Ciudad”.
Por su parte, la diputada Karina Spalla (PRO), titular de la Comisión de Planeamiento Urbano, afirmó que la ley “permitirá el emplazamiento de una nueva terminal de ómnibus de larga distancia en el sur de la Ciudad beneficiando el desarrollo de la zona, desconcentrará Retiro en un 40% y evitará los viajes incómodos de los usuarios con su equipaje por toda la Ciudad”.
Por su parte, el diputado Daniel Amoroso (CP) adelantó su voto en contra y fundamentó su posición al sostener que el texto que se estaba poniendo a consideración era “una norma a medida de una empresa que ya había ganado una licitación para la construcción de una terminal” y en el mismo sentido argumentaron otros diputados y diputadas.
Con 46 votos positivos, 7 en contra y 2 abstenciones, la ley incorpora las definiciones de Estación Intermedia de Transporte Interjurisdiccional y Estación Terminal de Transporte Interjurisdiccional.
La primera corresponde a la Estación de pasajeros, fuera de la vía pública, donde se detienen transitoriamente, previo ingreso o egreso a la Estaciones Terminales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ómnibus cuyos servicios están regulados por la Secretaría de Transportes de la Nación o el organismo que la reemplace, que unen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el resto de la ciudades del País. En tanto, la segunda definición corresponde a la Estación de pasajeros en la que se inician o terminan los viajes efectuados por los ómnibus cuyos servicios están regulados por la Secretaría de Transportes de la Nación o el organismo que la reemplace, que unen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el resto de las ciudades del País. Además fueron derogadas todas las anteriores denominaciones vigentes de las Estaciones Intermedias o Terminales de Ómnibus de Larga y Media Distancia, y otras preexistentes.
Por otra parte, se sancionó una ley que establece la obligación para las empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil, de contar al menos con una oficina de atención personalizada, ubicada en el ámbito territorial de cada una de las Comunas donde presten servicios, a fin que los usuarios y/o consumidores puedan efectuar los reclamos y/o consultas correspondientes en forma personal.
Esta norma se agrega a lo determinado por la Ley 2221 que ya obliga a toda empresa prestataria de servicios que tenga sucursales en el ámbito de la Ciudad a contar con una oficina de atención personalizada, dentro de la ciudad, donde el usuario y/o consumidor pueda efectuar todos los reclamos y/o consultas relativas al servico correspondiente en forma personal.
El proyecto de los diputados Daniel Lipovetzky y Helio Rebot (PRO) había obtenido despacho favorable de la Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
La ley aprobada con 42 votos establece para las empresas de telefonía el plazo de un año desde su promulgación para adecuarse a la nueva pauta legislativa.
Asimismo, se dio sanción definitiva a una una ley que incorpora al Código de Edificación, un parágrafo sobre “Montantes y Bajadas”, lo que facilita las reparaciones de las instalaciones en los edificios que se encuentran en jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires.
La ley obliga a los futuros edificios de propiedad horizontal a proyectar el acceso a los montantes de instalaciones de servicios y desagües por los lugares comunes o al exterior del mismo, permitiendo que las reparaciones en las instalaciones de provisión de agua, electricidad y gas, como así también en los desagües cloacales y pluviales, no afecten los unidades de los consorcistas.
Spalla (PRO), coautora del proyecto, remarcó que con la sanción de esta ley “las reparaciones y las modificaciones en los nuevos edificios se realizarán en obra ‘seca’ por lo que ya no será necesario realizar roturas en mamposterías al momento de encarar una modificación o reparación de cañerías”.
La obstrucción de una bajada cloacal, puede realizar daños de magnitud en pisos y revestimientos, afectando a diversos inmuebles en forma simultánea y la norma busca solucionar el problema, permitiendo reparaciones, modificaciones y renovaciones de elementos comunes sin afectar inmuebles de terceros. Además, esta iniciativa minimiza los costos de mantenimiento y genera soluciones de diseño que brindarán mayor seguridad constructiva al edificio, asegurando a sus habitantes productos más confiables y duraderos.
La ley de autoría de los diputados Spalla (PRO), Rubén Campos (UCR), Álvaro González (MC) y Silvina Pedreira (MC) que este jueves recibió 48 votos positivos, superó el 27 de noviembre del año pasado la instancia de audiencia pública, cumpliéndose así lo establecido por los artículos 89º y 90º de la Constitución local.
También la Asamblea Popular Plaza Dorrego del barrio de San Telmo fue autorizada a usar a título precario y gratuito el predio ubicado en la Avenida San Juan y Piedras.
El proyecto había sido presentado por las diputadas Laura García Tuñón (BApT), Gabriela Alegre (FpV), Delia Bisutti, María Elena Naddeo (FPP), Rocío Sánchez Andía (CC) y los diputados Edgardo Form (NE), Alejandro Bodart (MST) y Rafael Gentili (PSur) y obtuvo despacho favorable de la Comisión de Presupuesto. El 30 de mayo pasado se aprobó la ley inicial y el 21 de agosto último se realizó la audiencia pública con la participación de vecinos.
