TRANSFERENCIA DE DELITO
Durante el primer día de la jornada de debate sobre la transferencia de delitos de competencia nacional a la órbita de la Justicia porteña que se realiza en la Legislatura de la Ciudad se reclamó el efectivo traspaso y el cumplimiento con la Constitución nacional. Asimismo se destacó el trabajo de la Fiscalía porteña.
El vicepresidente primero de la Legislatura Cristian Ritondo y el fiscal General de la Ciudad Martín Ocampo encabezaron este martes un debate sobre la transferencia de delitos de competencia nacional a la órbita de la Justicia porteña.
La apertura contó también con la presencia de los jueces federales Ariel Lijo, Marcelo Martínez Di Giorgi y Claudio Bonadío; el fiscal Federal Jorge Di Lello y la funcionaria de Naciones Unidas Lucía Gómez Consoli.
Al respecto Ritondo aseguró: “El Poder Judicial de la Ciudad, como uno de los tres poderes del Estado, debe ocupar el lugar que por derecho le corresponde, tanto a nivel presupuestario como de gestión. De esa manera dará el salto institucional que los representantes pretendemos y la sociedad reclama”.
Agregó: “La Ciudad debe tener las mismas competencias que cada uno de los distritos del país, manejando su propio servicio de Justicia y Seguridad. Defender la autonomía es defender el federalismo, porque la ciudad de Buenos Aires es un estado dentro del estado confederado”.
En tanto Ocampo señaló: “La transferencia redundará en un servicio de justicia más amplio para los vecinos. Al investigar delitos que hasta entonces eran competencia de la justicia nacional, el denunciante podrá buscar una solución en una estructura descentralizada y amigable como la de la Fiscalía de la Ciudad”.
A su tiempo, el fiscal federal Jorge Di Lello destacó: “Desde el 2003 (año en que se sancionó la Ley 25.752, primera iniciativa para la Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Nación al ámbito porteño), la Justicia federal viene trabajando con el Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires impulsando acciones comunes dejando de lado las discrepancias, algo que la Argentina necesita”.
Por su parte Bonadío aseguró: “Aún es un grupo minoritario de provincias que implementaron la Ley 26.702, sancionada en 2011” y refiriéndose puntualmente a los delitos en materia de drogas, agregó que “el Ministerio Público Fiscal muchas veces queda saturado ante la cantidad de causa que se presentan. Hay mucha improvisación en cuanto a esto, los legisladores no tienen en cuenta los datos duros sobre la cantidad de drogas que se judicializan”.
“Si la Ciudad desfederaliza la investigación sobre drogas, en nombre de los juzgados federales se los voy agradecer porque llevarán la mayor parte del trabajo”, finalizó.
En tanto el juez federal Ariel Lijo sostuvo que “la transferencia de competencias penales desde la Nación a la Ciudad no es un capricho, tiene que ver con respetar lo que dice la Constitución nacional. Hay que dejar de lado los tecnicismos y concentrarse en la creatividad a la hora de abordar procesos judiciales”.
Y en referencia a los delitos por enriquecimiento ilícito añadió: “Un funcionario público nunca debe tomar al Poder que le otorga el Estado como un producto privado” sin embargo sostuvo que “en cuanto a los procesos judiciales por cuestiones de enriquecimiento ilícito, los jueces no cuentan con los recursos necesarios para actuar en forma más rápida”.
Martínez Di Giorgi se refirió a los delitos contra la administración pública al destacar una “necesidad de avanzar con una reforma del Código Procesal Penal, para dejar más en claro que es lo que se sanciona” y agregó “la ciudad de Buenos Aires cuenta con una ventaja por contar con un sistema acusatorio en el cual el requerimiento queda en manos del Fiscal. Esto simplifica bastante el trabajo del juez para que pueda investigar el origen de un incremento patrimonial”.
Por último Lucía Gómez Consoli, integrante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señaló que “son muchas las acciones que la Argentina realiza contra el delito internacional, y se toma como ejemplo al Ministerio Público es un ejemplo a seguir por otros estados del mundo” y agregó “el cumplimiento de la Ley 26.702 es indispensable”.
Las jornadas de debate, que continuará este miércoles, gira en torno a la Ley 26.702 sancionada en 2011, sobre la transferencia de competencias para investigar y juzgar los delitos y contravenciones cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta tercer transferencia, que actualmente tiene carácter de proyecto de ley, prevé la incorporación de delitos relacionados con lesiones graves, incumplimiento de deberes de funcionario público, tenencia de arma de guerra, estupefacientes, entre otros.
La norma es complementaria de las Leyes 25.752 y 26.357 actualmente hay un proyecto de ley en la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña que insta a la firma de un convenio entre Nación y Ciudad para hacer efectiva esta transferencia.
