La Corte Suprema irrumpió en el escenario político con un fallo unánime que declara la inconstitucionalidad de una ley aprobada este año, conocida como ley de subrogancias, impulsada por el oficialismo, que trasladó al Consejo de la Magistratura la facultad de nombrar a los jueces suplentes en los cargos vacantes, algo que antes hacían las Cámaras de Apelaciones y de Casación, es decir, la propia corporación judicial. Con el fallo supremo ahora los jueces volverán a designar a los jueces para las subrogancias, por las que cobran un plus. El alto tribunal tomó como excusa la presentación de dos dirigentes radicales contra la designación del secretario judicial Laureano Durán como juez interino en un juzgado federal de La Plata con competencia electoral y decidió anularla. Pero no se quedó ahí, sino que extendió la anulación a todos los subrogantes nombrados bajo la última ley, que serían cerca 50. También invalidó las listas de conjueces confeccionadas por el Consejo, al que acusan de haber creado un “cuerpo” de conjueces “paralelo” elegido en forma “discrecional”. Los supremos establecieron un régimen transitorio para los próximos tres meses y advirtieron que el nuevo Congreso tendrá que dictar otra ley que se amolde a su fallo.

Como está a la vista, detrás de lo que parece un asunto técnico de los tribunales, hay una batalla de poder sobre quién maneja las designaciones de jueces suplentes, que son muchos. Según la Corte representan “un cuarto de todos los cargos en tribunales nacionales y federales”. De acuerdo con los últimos datos que maneja el Consejo, de 989 cargos de jueces, 240 se encuentran vacantes. En uno de los tramos más lapidarios del fallo, la Corte acusa a ese organismo de ejercer “con absoluta discrecionalidad su atribución de designar jueces subrogantes pudiendo elegir directamente qué persona quiere para un juzgado o tribunal determinado y también una causa en particular”. Lo que propone es volver al sistema donde las Cámaras manejan las designaciones, que en su historia tampoco está exento de irregularidades, como los nombramientos a dedo, de los que es un ejemplo palpable el paso de Luis Cabral, ex titular de la Asociación de Magistrados, como subrogante por la Cámara de Casación Penal durante casi cuatro años sin haber sido sorteado, sino simplemente convocado por un juez amigo. El fin de su subrogancia, a partir de la nueva ley, fue lo que hizo estallar toda esta discusión.