El legislador porteño José Cruz Campagnoli (FpV) se refirió al procesamiento de Lee Sup Yong, el dueño del taller clandestino de la calle Páez al 2700, en el barrio de Flores, donde murieron los nenes Rodrigo y Rolando Mur Menchaca. “Es un avance en la búsqueda de justicia y es un paso necesario para avanzar en esta problemática”, señaló.

“No hay que olvidarse que el trabajo ilegal en la Ciudad creció con la complicidad del Gobierno porteño”, apuntó. Y agregó: “en efecto, la tragedia ocurrida casi un año atrás sacó a la luz la existencia de una red de talleres ilegales que emplean a trabajadores bajo condiciones de absoluta explotación. Se estima que entre 250 y 300 mil las personas son explotadas en estos talleres, muchos de ellos propiedad de dueños de grandes marcas”.

En este sentido, el diputado kirchnerista recordó que “las firmas Awada y Cheeky, propiedad de la familia de Juliana Awada, esposa del presidente Mauricio Macri, tuvieron denuncias que las vinculaban con la explotación laboral”.

“A su vez, esta tragedia también desnudó la absoluta ineficiencia que caracterizó a las áreas responsables de la inspección laboral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, añadió.

Campagnoli recordó además lo que ocurrió con el pedido de informes sobre lo sucedido, que se presentó en la Legislatura. “En respuesta a un pedido que presentamos, el Gobierno porteño respondió que no había inspeccionado el lugar pese a que existía una denuncia de la PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) porque “aparentemente” la justicia estaba interviniendo. Se trató de una duda que podría haber sido saldadas por los funcionarios con sólo una consulta a la PROTEX”.

Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos “fue una omisión que dio cuenta de una gravísima ineficiencia por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo porteño y de que la suposición de que podía existir tal investigación fue, en realidad, un pretexto elaborado a posteriori de los hechos para excusarse por no haber desempeñado las tareas de inspección que tienen bajo su responsabilidad”.

El procesamiento de Lee Sup Yong fue una decisión del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 6 de la Capital Federal. El magistrado consideró que el acusado “abusando del estado de vulnerabilidad socio-económico en que se encontraban los trabajadores del taller, los explotó laboralmente hasta el 27 de abril de 2015, ocasión en la cual se incendió el taller clandestino en el cual los hacía trabajar en condiciones insultantes para la dignidad de cualquier persona”.