CIUDAD

EN BUSCA DE UNA LEY DE EVENTOS MASIVOS

Tras la concreción de la primera reunión, el plenario conjunto de las comisiones de Seguridad, Desarrollo Económico y Salud continuará trabajando en la búsqueda de consensos a fin de poder arribar a un proyecto conjunto que regule la actividad de eventos masivos, si bien desde el oficialismo buscaría su pronto tratamiento y aprobación.

Esto es consecuencia directa de los hechos ocurridos en Costa Salguero, en abril último, donde cinco jóvenes murieron, y a partir de lo cual el propio Ejecutivo ha buscado regular en forma mucho más exigente la actividad de este tipo de eventos.
Dos cuestiones son fundamentales a la hora de entender cuáles pueden entenderse como diferencias entre el oficialismo y la oposición en torno de esta cuestión. La primera está dada por las obligaciones para los organizadores de estos eventos, el suministro gratuito de agua es de vital importancia. La otra pasa por el rol del Gobierno en la fiscalización de esta actividad.
En el tema del agua, el proyecto que propicia el oficialismo habla de garantizar “el acceso gratuito a la hidratación adecuada durante el desarrollo del evento, a través de fuentes de agua aptas para el consumo humano”.
Esto puede sonar muy general frente a lo que proponen, como punto central, los bloques de Suma+, el Partido Socialista, la Coalición Cívica ARI y el Partido Socialista Auténtico.
El artículo primero de esta iniciativa coincide en señalar la obligación de “los organizadores de espectáculos y diversiones públicas (…) y los titulares de los locales (de) garantizar el suministro libre y gratuito de agua potable a los asistentes”.
Este suministro se dará, proponen, “a través de la prestación de servicio de barra y la colocación de expendedores distribuidos a modo tal de favorecer el acceso desde los distintos puntos del lugar y en un número adecuado a la capacidad de personas autorizadas”.
Si no se verificara esta obligatoriedad que promueven el organizador será sancionado con una multa de “15.000 a 30.000 unidades fijas (estipulada en 10 pesos) y clausura inmediata del lugar”, la cual puede extenderse por 90 días.
En caso de ser reincidente, “los mínimos y máximos de las sanciones se incrementan al doble”, provocando la “clausura definitiva” ante una tercer violación de la normativa propuesta, con la imposibilidad permanente de realizar la actividad en la Ciudad.
En los fundamentos del proyecto se menciona que “el acceso al agua potable no puede estar sujeto al poder adquisitivo de las personas ni a un afán maximizador de las ganancias de un del sector privado”.
La otra cuestión, el rol del Gobierno, hay que decir que la iniciativa del oficialismo lo ubica como impulsor de campañas de prevención en los eventos, con la obligación de difundir “información de prevención sobre conductas de riesgo”, facultándolo a suscribir “convenios con Universidades y Organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria”.
Esto difiere en mucho de las distintas propuestas elaboradas por diferentes bloques sobre esta cuestión. En este sentido uno de los proyectos presentados por el FpV, de autoría de los diputados Andrea Conde y José Cruz Campagnoli, plantea el desarrollo de “estrategias de prevención y reducción de daños vinculados con el consumo de sustancias psicoactivas en espectáculos, eventos masivos y locales bailables”. Con un rol más activo del Gobierno, buscando que garantice el “acceso a la información” promoviendo “prácticas de autocuidado y de consumo responsable”.
El punto álgido de la iniciativa de Conde-Campagnoli es cuando en el inciso “2” del artículo segundo se propicia la realización de una “prueba piloto” que incluya el “testeo in situ de sustancias psicoactivas”, con la finalidad de reducir daños.
Esto permitiría a un consumidor de alguna sustancia acercarse a un lugar predeterminado por las autoridades sanitarias del Gobierno y poder realizar un control de calidad de la sustancia que él mismo tiene, a fin de evitar una especie de daño mayor.
Todo esto sin la posibilidad de “intervenir las fuerzas de seguridad en ninguna de las instancias de aplicación de estas políticas”.
La inclusión de esta cuestión fue evaluada por otros bloques que optaron por no incluirla a partir de tener conocimiento que el bloque del PRO rechazaría de plano su futura implementación. Se trata de un punto que abre de por sí un debate mucho más profundo sobre la cuestión del consumo en nuestra sociedad.
En los fundamentos del proyecto de Conde-Campagnoli, los legisladores aseguran que “las políticas prohibicionistas y punitivistas desarrolladas en todo el mundo a lo largo de los últimos 50 años han demostrado (…) ser probablemente ineficaces para reducir los riesgos y daños individuales y sociales (además de haber) agravado los daños”.
Creen fundamental entender que “no todo consumidor es un adicto ni todo consumo representa un abuso”, por lo que piden un abordaje de la cuestión a partir de garantizar “el derecho a la salud”.
Muchas son las cuestiones que aún quedan por debatir de un proyecto, impulsado por el PRO, que se centra en definir las características de los eventos masivos, en la delimitación de cantidad de personas por metro cuadrado, en la confección de un registro de productores y en las eventualidades que deberán ser requeridas para las habilitaciones, bajo el mirada de la Agencia Gubernamental de Control.