La Legislatura porteña sesionará este jueves para tratar un amplio y diverso temario, en el que se destaca una modificación al Código Contravencional de la ciudad de Buenos Aires para incrementar las sanciones de multas y arrestos contra quienes agravien a médicos o educadores.

El proyecto impulsado por el PRO plantea incorporar en el artículo 53 de la Ley 1.472 – Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el siguiente agravante: “Cuando la víctima es trabajador de la educación, sea docente o no, o trabajador de la salud, sea profesional o no, y el hecho tiene lugar dentro del establecimiento donde se desempeña, o fuera de él siempre que la conducta esté motivada en razón de su tarea, función o cargo”.

Explican los fundamentos de la iniciativa que fue motivada “por el notable incremento de agresiones y hechos de violencia protagonizados por padres o personas relacionadas con los alumnos, en perjuicio de trabajadores docentes y no docentes, por cuestiones derivadas de la función docente o de la convivencia en el ámbito escolar, afectando seriamente la seguridad personal de los trabajadores y perturbando la misión educativa y formativa que debe cumplirse en ese ámbito”.

Similar situación se viene reproduciendo en el área de salud, donde los profesionales, auxiliares y personal que cumple allí toda clase de tareas, sufren agresiones por parte de pacientes o personas que los acompañan. “Ésto genera un clima de temor e intranquilidad que perturba el normal desenvolvimiento de los centros de salud”, agregan los fundamentos.

La Ley 1472 establece en los artículos 51 y 52 las sanciones para quien pelea o toma parte en una agresión en lugar público o de acceso público, con 1 a 5 días de trabajo de utilidad pública, multa de 200 a 1.000 pesos o uno a cinco días de arresto. Por hostigar, maltratar o intimidar, siempre que el hecho no constituya delito, corresponde la misma penalidad. De aprobarse este proyecto se duplicarán las penas mencionadas para los agresores.

También se expedirá la Legislatura sobre la grave situación institucional y política de la República Bolivariana de Venezuela. Al respecto, hay proyectos del oficialismo y la oposición y se buscará la posibilidad de consensuar el texto de la declaración.

El temario fue definido durante la habitual reunión de los miércoles de la Comisión de Labor Parlamentaria, que conduce la vicepresidente primera del Cuerpo, Carmen Polledo (PRO), con la participación de todas las autoridades de bloques.