PROPONEN REALIZAR CURSOS OBLIGATORIOS SOBRE EL PARADIGMA ARGENTINO DE MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
El proyecto de ley pertenece a la diputada Victoria Montenegro y está destinado, de manera obligatoria, para todas las personas que desempeñen funciones en todos los niveles de la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa llevará el nombre de “Ley Azucena”, en homenaje a Azucena Villaflor de De Vicenti, miembro fundadora de Madres de Plaza de Mayo, del movimiento de Derechos Humanos de nuestro país y víctima de la última dictadura cívico militar. El diseño curricular de los contenidos estará a cargo de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos en su carácter de autoridad de aplicación de la presente, en coordinación con la Comisión de Derechos
Humanos, Garantías y Antidiscriminación y la Comisión de Educación de la Legislatura, y Organismos de
Derechos Humanos con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los contenidos mínimos obligatorios serán:
Historia social y económica de la Dictadura Cívico Militar.
La lucha de los organismos de Derechos Humanos.
La recuperación de la Democracia y el Juicio a las Juntas Militares. Las
leyes de impunidad.
La recuperación de la historia para el desarrollo de un modelo nacional.
La reapertura de los procesos de justicia y la comparación con otros países
del mundo.
Las políticas de memoria y sus implicancias internacionales.
La capacitación se realizará en formato presencial y virtual. Las personas afectadas contarán con 30 (treinta) días hábiles para su cumplimiento. Todas aquellas personas que se nieguen a realizar la capacitación o se vean imposibilitadas de realizarla sin justificación previa, serán debidamente notificadas para su inmediato cumplimiento. En caso de persistir la falta sin justa razón, esto será causal de las sanciones disciplinarias correspondientes de acuerdo a los reglamentos establecidos. En los fundamentos, la diputada Montenegro afirma que el paradigma argentino de Memoria, Verdad y Justicia es el resultado de esos años de lucha y resistencia, y constituye el marco referencial que aglutina los procesos históricos y sociales en busca de la verdad y el juzgamiento de las y los culpables de los delitos de lesa humanidad.
La negación de la realidad histórica y de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura cívico militar, no son parte de un acto personal en ejercicio de la libertad de opinión, sino que son contrarios al marco legal argentino, a su jurisprudencia y a los tratados internacionales con jerarquía constitucional incorporados a nuestro ordenamiento jurídico.
