QUIEREN DEROGAR LA LEY YOLANDA EN LA CIUDAD
La diputada Silvia Imas presentó un proyecto proponiendo la derogación de la Ley N° 6380, sancionada en diciembre de 2020, la cual establece un programa de formación ambiental y desarrollo sostenible para los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En los fundamentos, la legisladora afirma que es importante señalar que la educación ambiental forma parte del sistema educativo desde los niveles iniciales. Los programas de educación primaria y secundaria incluyen contenidos relacionados con el cuidado del medioambiente, la sostenibilidad y la gestión adecuada de los recursos naturales.
Ello así, desde temprana edad, existe una conciencia ambiental que asegura un vínculo responsable con el entorno y su preservación. Pequeñas acciones como recolectar la basura en los recreos escolares o no arrojar residuos en los bosques y parques nacionales marcan el rumbo de la conciencia ambiental.
Por ello, imponer estas capacitaciones adicionales a los funcionarios públicos resulta redundante. Los funcionarios ya cuentan con los conocimientos básicos necesarios, gracias a su formación educativa previa. En lugar de reforzar principios que ya son ampliamente conocidos y comprendidos, los recursos
económicos y horas laborales invertidas, deberían destinarse a la aplicación práctica de estos conocimientos en la gestión pública.
Asimismo, no podemos dejar de lado que, los funcionarios públicos, en todos los niveles, tienen la responsabilidad de incorporar el respeto por el medio ambiente, tanto en sus acciones diarias como en las decisiones que conllevan su labor. Esta responsabilidad es solo una obligación ética, además de legal, ya que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sus artículos 26 y 27,garantiza el derecho a un ambiente sano y estipula la obligación del Estado de promover políticas de educación ambiental. En este contexto, la “Ley Yolanda” no aporta un valor adicional significativo, dado que los funcionarios ya están formados y comprometidos con la temática ambiental.
En un contexto actual, en el que los recursos públicos deben ser administrados de manera eficiente, resulta inapropiado mantener una ley que obliga a los funcionarios a recibir capacitación redundante a la vez que ha generado una carga burocrática innecesaria. Sólo en un período acotado de 2022 se destinó a la capacitación en la Ley Yolanda la suma de $776.000, sin evidencia clara que esta inversión haya generado mejoras sustanciales en la gestión pública.
La formación en temáticas ambientales es relevante, pero no debe imponerse el costo siempre al Estado de la Ciudad, ya que el recurso económico podría emplearse en áreas que realmente impacten en la calidad de vida de los vecinos y visitantes de la Ciudad, como en proyectos de infraestructura ambiental. Obras concretas que promuevan el bienestar de la comunidad y para ser utilizadas a lo largo de los años.
La derogación de esta ley permitirá la reorientación de los recursos hacia políticas públicas más eficientes.
