EL MINISTRO DE JUSTICIA Y EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD INFORMARON SOBRE LA EMERGENCIA AUTONÓMICA
La comisión de Asuntos Constitucionales y la comisión de Justicia, realizó un encuentro informativo donde se presentó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo porteño, que declara la emergencia autonómica de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de dos años. El ministro Tapia explicó que el proyecto busca consolidar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, consagrada hace 30 años en la Constitución Nacional, pero aún incompleta en la práctica. “El jefe de Gobierno nos ha marcado el objetivo de avanzar en todas las acciones necesarias para lograr la consolidación plena de nuestra autonomía”, señaló el funcionario y destacó avances recientes, como el traspaso de 31 líneas de colectivos y la recuperación del porcentual de coparticipación, iniciativas que contaron con el acompañamiento de la Legislatura. Sin embargo, enfatizó que “aún persisten competencias que no han sido transferidas, como la situación de detenidos en comisarías, que deberían estar bajo la órbita del sistema penitenciario federal, o la necesidad de completar la transferencia de la justicia nacional ordinaria”. Finalmente, Tapia subrayó que “es fundamental defender los derechos de los porteños, tal como lo dispone la Constitución”, y valoró el debate legislativo como parte esencial de ese proceso.
Por su parte, el procurador Ocampo remarcó que “no es casualidad que existan tensiones institucionales: se trata de una disputa de poder” y subrayó que “han pasado 30 años desde la reforma constitucional y la falta de avances ya resulta insostenible”. Además destacó que “la Corte Suprema ha emitido reiterados fallos y ha advertido sobre el inmovilismo. Por eso, todas las fuerzas políticas debemos asumir el compromiso de actuar: es necesario declarar la emergencia, porque esta parálisis afecta gravemente al federalismo argentino”.
El procurador resaltó que la declaración de emergencia autonómica permitirá adoptar medidas excepcionales para proteger derechos locales vulnerados por decisiones nacionales. “Existe un proceso de discriminación hacia los vecinos de la Ciudad. La emergencia es una herramienta para terminar con esa discriminación”, afirmó y detalló, entre los posibles efectos de la ley, la creación de nuevos fueros judiciales locales y la adecuación de requisitos para ejercer competencias que hoy dependen del ámbito nacional, como el Registro Público de Comercio.
