PIDEN RECHAZAR EL DECRETO DE MILEI QUE MODIFICA LA LEY DE MIGRACIONES

La diputada de Unión por la Patria, Delfina Velásquez, presentó un proyecto para que la Legislatura de la Ciudad exprese su profunda preocupación y enérgico repudio por las modificaciones a la Ley de Migraciones N° 25.871, introducidas mediante decreto 366/25 por el Poder Ejecutivo Nacional, por resultar discriminatorias hacia la población migrante y refugiada en nuestro país.
En los fundamentos de la iniciativa, la legisladora afirma que el DNU 366/2025 busca adoptar un enfoque restrictivo y de control migratorio. El gobierno justifica estas medidas en la necesidad de “proteger los recursos del Estado” y responder a un “escenario global distinto” con mayores flujos migratorios. En ese sentido, se propone limitar el acceso gratuito a ciertos servicios públicos y endurecer las
condiciones para el ingreso y la permanencia en el país.
La demonización de las personas migrantes no es una prédica novedosa en Argentina y en el mundo. El gobierno de Milei comenzó con este discurso falaz en el contexto de las jornadas históricas de defensa de la Universidad pública en el año 2024, afirmando que la educación superior está desfinanciada “porque extranjeros le quitan la vacante a estudiantes argentinos”.
Esta estigmatización a las personas migrantes que habitan nuestro país, como si fueran un factor que atenta sobre nuestro bienestar general, se ve reflejada en este nuevo Decreto en varios aspectos. En los considerandos, el gobierno expresa que la política migratoria debe ejecutarse “teniendo en especial consideración el bien común de los argentinos”, y a continuación establece una serie de restricciones que vulneran los derechos de la población migrante.
Sobre los derechos en materia de salud, el decreto establece que los extranjeros con residencia transitoria o temporaria deberán presentar un seguro médico o abonar los costos de las prestaciones sanitarias. La atención habitual o de consulta ya no será gratuita, salvo en casos de emergencia, donde se mantendrá el acceso, pero con posibilidad de cobro posterior. Este aspecto restrictivo ya fue implementado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante Resolución N° 1054/MSGC/25 del Ministerio de Salud.
En materia de acceso al derecho a la educación, se habilita a las Universidades públicas Nacionales a cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que no sean ciudadanos argentinos o no cuenten con residencia permanente. Se modifica también el artículo 143 de la Ley de Educación Nacional para excluir explícitamente la educación superior de la garantía de acceso sin DNI o sin costo.
En cuanto a la permanencia en territorio nacional de personas migrantes y refugiadas, los criterios se endurecen. El decreto reduce el tiempo de validez de la residencia precaria de 180 a sólo 90 días, en clara contradiccion con las convenciones internaciones como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y nuestra propia Constitución Nacional.
El acceso a la ciudadanía argentina anticipada queda sujeto, con estas reformas, a un criterio totalmente subjetivo de las autoridades migratorias, ya que las mismas deberán establecer si una persona realizó o no “una inversión relevante en el país”. Esto resulta completamente discriminatorio, porque de esta manera se instituye que las personas migrantes que no dispongan de dinero, no serán bienvenidas en Argentina.
Debemos destacar que la Ley de Migraciones N°25.871 se erigió como un marco legal inclusivo y de avanzada en la región, basándose en la concepción de la migración como un derecho humano. Históricamente, Argentina ha tenido una política receptiva construyendo su historia sobre la diversidad y heterogeneidad de sus habitantes. La Constitución Nacional consagra en su preámbulo la obligación de garantizar la libertad, el bienestar general y la justicia para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.
Por ello decimos que el DNU 366/2025, introduce un cambio de paradigma hacia una
política migratoria más restrictiva, vulnerando nuestra propia historia como país que abrazó
la migración y se fortaleció como nación a partir de ello.