JORGE MACRI APELARÁ EL FALLO QUE FRENA LOS DESALOJOS DE VIVIENDAS TOMADAS
La medida impacta de lleno en una de las políticas más difundidas de la gestión oficial, que busca devolver las propiedades a sus dueños originales y que, según datos del Ejecutivo, ya cuenta con más de 840 inmuebles recuperados.
Tras conocerse la resolución, el mandatario porteño lanzó un contundente mensaje en sus redes sociales: “Para sorpresa de nadie, el juez Gallardo y el ‘Pitu’ Tomatierras se pusieron de acuerdo para defender a los okupas y atacar la propiedad privada. Si especulan que con este fallo absurdo van a frenar la política de recuperación de propiedades, les aviso que no entendieron nada y están mirando otra película. Ley y orden”.
El dictamen del Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 2, prohíbe al Gobierno de la Ciudad realizar desalojos, clausuras materiales y tapiados de viviendas por riesgo edilicio, sin antes asegurar una solución habitacional disponible para los ocupantes.
Desde el Gobierno porteño rechazaron estos condicionamientos argumentando que la asistencia social ya se implementa de manera rutinaria. Según fuentes oficiales, cada operativo cuenta con la presencia de la Policía de la Ciudad, la Guardia de Auxilio —encargada de certificar el peligro estructural—, integrantes de la Red de Atención y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que aborda la situación de vulnerabilidad de las familias.
El origen del conflicto judicial se da con la resolución fue dictada en el marco de la causa “De Morais, Oscar Antonio y otros contra GCBA sobre Amparo – Habitacionales”, iniciada originalmente por el tapiado de un inmueble en la Avenida Montes de Oca al 1700. Posteriormente, la demanda fue ampliada con carácter colectivo por la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad, junto a los legisladores de Fuerza por Buenos Aires, Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra.
De hecho, en la sesión legislativa del pasado jueves, la diputada Freire se manifestó sobre lo dispuesto por el magistrado durante el debate por un pedido de informes sobre el operativo “Tormenta Negra” -un despliegue simultáneo de 1.500 efectivos policiales en barrios populares-, detallando que solicitaron al juez la garantía de que las familias puedan intervenir con sus propios arquitectos y peritos para evaluar el riesgo estructural, contrarrestando así el argumento central del Ejecutivo para los desalojos.
Según la legisladora, estos procedimientos carecen de los requisitos administrativos adecuados y “fomentan mayores niveles de violencia sin resolver ningún problema estructural”, lo que motivó la presentación judicial que ahora será apelada por la Ciudad.
