LOS CLUBES DE BARRIO EN EL PEOR MOMENTO DE CRISIS
Según estimaciones del Observatorio del Deporte Metropolitano de la UMET, de las más de 3.100 entidades que operan en el AMBA, el 68,2% no cuenta con afiliación a ninguna federación deportiva. Este aislamiento implica que casi siete de cada diez instituciones funcionan fuera del sistema formal, privándolas de participar en ligas oficiales, recibir asistencia técnica o integrarse a planes deportivos estructurales, a pesar de ser el corazón social de sus comunidades.
Esta falta de integración se traduce en obstáculos administrativos severos, ya que muchas de estas entidades ni siquiera cuentan con un registro estatal pleno. Para ser reconocidas bajo la Ley 27.098 de Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo, deben certificar una masa societaria de entre 50 y 2.000 personas, un requisito que a menudo choca con la precariedad de su personería jurídica y la dificultad para acceder a servicios financieros básicos. A escala nacional, el Relevamiento Nacional de Clubes y Entidades Deportivas (RENACED) de 2023 ya advertía que, de las casi 12.000 instituciones registradas en el país, el 81% pertenece a esta categoría de clubes de cercanía que hoy luchan por su subsistencia.
El factor económico ha sido el golpe de gracia para sus finanzas. Desde 2016, los constantes incrementos en las tarifas de servicios públicos como luz, gas y agua han erosionado los recursos de estas instituciones. A esto se suma el fin de políticas de fomento como el programa “Clubes en Obra”, que hasta la llegada de la actual administración nacional otorgaba financiamiento para refacciones y mantenimiento. Sin este respaldo estatal, y con cuotas sociales que oscilan entre los $1.500 y los $12.000, los clubes enfrentan una morosidad creciente y una deserción masiva en actividades aranceladas, como la natación, donde los costos de mantenimiento han llevado los abonos a cifras que ya resultan prohibitivas para gran parte de los usuarios.
