INCERTIDUMBRE ALREDEDOR DE LA CÁRCEL DE DEVOTO

El futuro del espacio, que ocupa la manzana delimitada por las calles Bermúdez, Nogoyá, Desaguadero y Pedro Lozano, todavía no está definido. Los terrenos pertenecen al Estado Nacional, que se los cedería a la administración porteña, y será necesaria una ley de la Legislatura porteña para cambiar su uso.

En paralelo, el traslado de los presos depende de la puesta en funcionamiento del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, al que fueron transferidos. Desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño informaron que la gestión de Jorge Macri destinó alrededor de US$100 millones en la nueva cárcel de esa ciudad bonaerense.

Mientras avanza el traslado de los detenidos a la cárcel de Marcos Paz, el futuro del predio de Villa Devoto todavía no está definido. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, informó en una entrevista radial, el pasado miércoles, justo el día en que LA NACION hizo la recorrida, que alrededor de 1190 prisioneros ya fueron llevados al nuevo establecimiento. “En Devoto hay 1500, ya estamos casi en el 80% de las personas trasladadas. Quedan unos 400 y pico”, precisó.

Algunos reclusos permanecerán en el penal hasta después de la visita prevista del papa León XIV, el 11 de noviembre a las 8. La funcionaria explicó que se trata de “un operativo muy fuerte con las cinco fuerzas federales”.

Una vez finalizado el traslado, comenzará otra etapa. “Yo le entrego Devoto al AABE -Agencia de Administración de Bienes del Estado-, sin personas ni mobiliario”, explicó Monteoliva. Según detalló, a partir de ese momento se iniciará el “proceso para definir los usos del suelo, de acuerdo con la normativa porteña y se avanzará con la venta del inmueble”.

“Parte de lo que se obtenga de esa venta será lo que la Ciudad va a recuperar”, señaló, en referencia a la inversión realizada para construir el establecimiento penitenciario en Marcos Paz. Sin embargo, la ministra aclaró que todavía no sabe qué se hará en el predio: “De acuerdo a lo que Jorge Macri planteó, requiere definiciones que se conversarán a futuro, hay muchos actores involucrados sobre la mesa”.

Por su parte, el diputado Facundo Del Gaiso (Vamos por Más) aseguró que aún no presentó un proyecto a la Legislatura porque, según sostuvo, ya existe un convenio entre los gobiernos nacional y el porteño que establece que el 65% del predio se destinará a espacio público y el 35% restante a usos urbanos. Sin embargo, ese acuerdo no implica necesariamente que ya estén definidos los usos específicos ni las condiciones para construir: “Nosotros tenemos que poner los indicadores de zonificación. Eso es lo que tiene que venir a Legislatura y va a venir el año que viene”.

De todos modos, no espera que la discusión comience de inmediato: “Para mí hay que ver cómo empieza a ponerse el penal y después se verá”. Aunque, sí aclara que es necesario que el Gobierno termine de acordar con la Ciudad que se realice la demolición: “Si no se va a perder mucho tiempo en un terreno que va a estar abandonado”.

Desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, aún no saben cuánto demorará la demolición ni quién la llevará a cabo. Sin embargo, señalaron que la manzana no tiene actualmente una normativa urbanística que establezca las alturas y los usos permitidos para una futura obra. Formalmente, el predio está catalogado como Urbanización Futura (UF), una categoría que comprende terrenos públicos ocupados por instalaciones o usos que podrían removerse.

“Hay que cambiarle el uso, que ahora es cárcel. Cualquier cosa que se quiera hacer tiene que pasar por la Legislatura”, explicaron. Además señalaron que es una situación compleja porque hay partes de la parcela designadas como “espacio de la memoria”.

Según indicaron, la normativa porteña establece que el 66% deberá destinarse a espacio público. Además, señalaron que las calles que rodean el penal están zonificadas como “Unidades de Sustentabilidad de Altura Baja 0”.

Adicionalmente, informaron que la gestión de Jorge Macri destinó alrededor de US$100 millones a la construcción de la cárcel de Marcos Paz. Según indicaron, cuando asumió la actual administración, en diciembre de 2023, la obra estaba paralizada, por lo que fue necesario rescindir el contrato con la empresa constructora y volver a licitar la obra. “Esta gestión la terminó en menos de 18 meses”, señalaron. También calcularon que la administración anterior, que estaba a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, había ejecutado menos del 40% del gasto total previsto.

Fuente: La Nacion