Para alcanzar los 40 votos necesarios, el Pro contó con las voluntades de SUMA+, Confianza Pública, el Frente Renovador, Sindical Peronista y 3 votos provenientes desde el Frente para la Victoria.
El bloque conducido por Carlos Tomada contó con el voto dividido de sus 12 miembros. María Rosa Muiños, Silvia Gottero y Claudio Heredia acompañaron al oficialismo, mientras que Tomada y Gabriel Fuks se abstuvieron.
Por su parte, Pablo Ferreyra, María Magdalena Tiesso, Lorena Pokoik, Paula Penacca, Javier Andrade, Andrea Conde y José Cruz Campagnoli votaron en contra.
Quienes también se opusieron fueron los bloques de la Coalición Cívica, el Partido Socialista, el PSA, Autodeterminación y Libertad, Bien Común, FIT y PTS.
Al momento de retirar la iniciativa de la Secretaría Parlamentaria -donde se encontraba reservada desde el 21 de abril-, el jefe del bloque Pro, Francisco Quintana, mencionó una serie de modificaciones hechas al texto original.
Entre ellas, lo concerniente al programa anual de acciones que el ente deberá presentar antes del 30 de septiembre en la Legislatura. Será un listado de los bienes públicos de dominio privado sobre los que la Agencia desee trabajar, para que cada inmueble pase por un tratamiento en el Parlamento.
En medio de insultos por parte de vecinos que estaban dentro del recinto, el legislador sostuvo que los cambios a la ley “mejoran sustancialmente el proyecto”, y consideró que la creación de la Agencia de Bienes consiste en “hacer más eficiente la administración de los bienes de la Ciudad”.
El diputado Adrián Camps (PSA) pidió la lectura total del nuevo texto del proyecto, que fue entregado a los legisladores recién al comienzo de la sesión. “No podemos discutir sobre algo que desconocemos”, enfatizó.
Luego de que el secretario parlamentario, Carlos Serafín Pérez, leyera el proyecto, Camps afirmó: “vamos a ser la Ciudad de las corporaciones, los bienes de la Ciudad ya no van a estar manejados por la Ciudad sino por las corporaciones”.
El legislador resaltó la “inconstitucionalidad” de la norma y advirtió que “se le están delegando facultades al Ejecutivo que la Constitución prohíbe”, en sus artículos 82 y 84. “La Agencia va a manejar recursos muy importantes”, señaló.
A su turno, Gustavo Vera (Bien Común) denunció que “desde que asumió el Pro se han privatizado más de 170 hectáreas de tierra pública”. “La política de venta de tierras afecta a todos los ciudadanos y a las generaciones futuras”, subrayó.
Además, el diputado apuntó a los “cargos innecesarios, buenos sueldos y contratos”, por los que “estamos descubriendo donde se gestó el consenso”.
Desde la izquierda, Patricio Del Corro (PTS) dijo que “el oficialismo vota con la oposición hacer negocios privados con bienes públicos” y que “la grieta se diluye cuando hay negocios”. Por su lado, Marcelo Ramal (FIT) consideró que “la Legislatura con esta ley lleva un autogolpe en contra de la Constitución y las leyes”. “Es un proyecto nefasto”, catalogó Fernando Vilardo (AyL).
La CC-ARI defendió su rechazo a la iniciativa y, en este sentido, Paula Oliveto Lago afirmó que “la Coalición Cívica integra Cambiemos, apoya al presidente, pero de ninguna manera la Coalición Cívica va a venir a entregar sus ideas y su historia a este recinto”.
El presidente del bloque SUMA+ justificó el apoyo a la ley y enumeró un conjunto de modificaciones que fueron propuestas al Pro. Aseguró la norma es “superadora” a la aprobada en primera lectura y remarcó: “nos propusimos garantizar la constitucionalidad de la ley que vamos a votar”.
Por el Frente para la Victoria, Carlos Tomada, reconoció que “a partir de miradas divergentes y coincidentes, el bloque dará libertad de acción y habrá votos de rechazo y acompañamiento”. El diputado sostuvo que el proyecto cuenta con “falta de información” y que las modificaciones propuestas “no alcanzaron”.
