Luego del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, se evalúan próximas transferencias al territorio porteño. El juego, las competencias penales y la administración del Puerto son algunas de los temas que distintos legisladores venían reclamando hace tiempo.

Firmado y ratificado el Convenio de Transferencia de una parte de la Policía Federal a la órbita de Ciudad, el avance por una independencia más plena del distrito ocupa la agenda del la Gobierno porteño, como así también de la Legislatura. Desde el año pasado una fuente parlamentaria del oficialismo había asegurado a Parlamentario que 2016 iba a ser un período “marcado por las cuestiones de la autonomía”.

Por primera vez, desde el 2000, estando los colores políticos de la Nación y la Ciudad alineados bajo un mismo signo, se prevé que un paquete de transferencias puedan concretarse a mediano plazo. Uno de los asuntos que ocupa los primeros lugares en la lista es el tema de los juegos de azar.

La recuperación por el control del juego es un reclamo constante, fuertemente pretendido por la Coalición Cívica y también otros espacios políticos. Fue en 2003, cuando bajo la gestión de Aníbal Ibarra se firmó el convenio con el Gobierno de Néstor Kirchner para ceder la explotación, comercialización y fiscalización de las cinco salas de bingo existentes en el territorio porteño a la Lotería Nacional.

Sin embargo, la Constitución local establece en su artículo 50 que “la Ciudad regula, administra y explota los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, no siendo admitida la privatización o concesión salvo en lo que se refiera a agencias de distribución y expendio. Su producido es destinado a la asistencia y al desarrollo social”.

De esta manera, la Ley 1.182 por la que se ratificó dicho convenio limitó las acciones del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad. Pese a que en 2008, Mauricio Macri como jefe de Gobierno convalidó el acuerdo, fue en mayo de 2015 cuando la gestión Pro decidió no prorrogarlo para “no comprometer a la próxima administración con un nuevo convenio cuando faltan seis meses para el cambio de autoridades y, al mismo tiempo, recuperar las potestades, competencias y recursos relacionados con la actividad”.

La legisladora María Inés Gorbea (SUMA+), quien se encuentra adentrada en los asuntos relativos al juego, explicó a Semanario Parlamentario que con la no renovación del pacto entre Ibarra y Kirchner “se entiende que el convenio cae; por lo cual lo que tendría que suceder ahora para afianzar la autonomía es que el juego vuelva a ser administrado, fiscalizado y controlado por la Ciudad y que toda esa plata que tiene que ingresar y que tiene que ir a asistencia social, efectivamente ingrese”.

Además explicó que para que la transferencia se realice en forma correcta es necesario “no hacerlo a las apuradas” porque “hay muchas leyes en juego y hay que reorganizar toda esa maraña de reglamentaciones, pero caído el convenio lo que tenemos que volver a hacer es retornar al cauce natural y que el Instituto del Juego tenga las potestades que le corresponden”.

Gorbea es autora de una serie de proyectos a fin de prevenir y tratar la ludopatía porque considera que “es una temática delicada, no sólo por lo tributario que es dinero que tiene que ingresar a las arcas del Estado y que es importante que entre para que el Estado cuente con más recursos y así poder destinarlos a la asistencia social, sino porque es un problema para quienes padecen la enfermedad de la ludopatía”.

Entre sus iniciativas, la diputada plantea que “no tendríamos que permitir que haya cajeros automáticos adentro de las salas de juego; las salas de juegos no deben estar cerca de escuelas; los hospitales deben tener centros de atención para aquellas personas que sufren la ludopatía; es necesario un registro de excluidos para que las personas que tienen la enfermedad se inscriban y se les prohíba entrar a las salas de juego”. Finalmente, Gorbea afirmó que “la gente no puede ir y dejar todo su sueldo ahí” y que el juego como actividad lúdica “tiene que estar fuertemente regulada”.

Competencias penales

Si bien el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, aseguró que la negociación por la transferencia de la justicia ordinaria en lo penal, civil, comercial y laboral a la Ciudad puede darse en un tiempo breve, la pretensión más firme es la que respecta al tercer convenio de traspaso de las competencias penales.

En 2001, Nación y Ciudad sellaron el primer convenio por el cual los hechos de tenencia y portación de armas de uso civil y su suministro, a quien no fuera legítimo usuario, podían ser investigados por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y juzgados por sus jueces competentes.

En tanto, el segundo acuerdo se firmó en 2004 -entre Aníbal Ibarra y Néstor Kirchner-, pasando en esa etapa a la órbita de la Justicia porteña delitos como las lesiones en riña, el abandono de personas, la omisión de auxilio, las exhibiciones obscenas, los matrimonios ilegales, amenazas, violación de domicilio, usurpación, daños y el ejercicio ilegal de la medicina.

La diferencia que tendría el tercer convenio es el reclamo por el traspaso junto con los recursos, a diferencia de los anteriores que fueron transferidos sin los fondos correspondientes y sin ningún presupuesto asignado hasta la actualidad.

En septiembre de 2014 la vicepresidenta segunda del Cuerpo, María Rosa Muiños (FpV), presentó un proyecto de ley por el cual pedía la transferencia de una serie de delitos restantes entre los que se encuentran aquellos que involucren a los funcionarios públicos, las violaciones contra la libertad individual, la libertad de trabajo y asociación; estafa procesal y estafa; y delitos contra la seguridad del tránsito y del transporte. También, lesiones, estupefacientes y suministro infiel de medicamentos.

Puerto de Buenos Aires

Según lo establecido en el artículo 12 de la Ley Nacional de Actividades Portuarias (Nº24.093), la transferencia del Puerto de la Ciudad de Buenos sólo puede efectuarse “a condición de que, previamente, se hayan constituido sociedades de derecho privado o entes públicos no estatales que tendrán a su cargo la administración”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto en la Legislatura, Alejandro García (Pro) impulsó esta iniciativa mediante un proyecto que encabeza la agenda en la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales, un cuerpo que se ha reunido escasas veces a lo largo del 2015.

Basado en los antecedentes realizados por las propuestas de los exlegisladores Rodrigo Herrera Bravo, Jorge San Martino y Álvaro González, entre otros, el diputado planteó la transferencia gratuita del dominio, explotación y administración del puerto.

Este traspaso es uno de los más complejos ya que implica la creación de un ente público administrador. A partir de la Ley 23.696 de Reforma del Estado (1989) comenzaron a trasferirse a las provincias los puertos estatales ubicados en su territorio.

Sin embargo, en 1992 el Gobierno de Carlos Menem vetó el artículo 11 de la Ley Nacional de Actividades Portuarias y fundamentó que la trasferencia a la Ciudad no podía realizarse ya que por ese entonces “Municipalidad” era “un ente descentralizado que actúa dentro de la esfera del gobierno federal”. Desde ese momento Nación ha mantenido la administración del puerto.

En tanto, al redactarse la Carta Magna de la Ciudad en 1994 se la reconoce como un gobierno autónomo. Además, en su artículo 8 establece que el Puerto de Buenos Aires es de dominio público de la Ciudad que ejerce el control de sus instalaciones, se encuentren o no concesionadas. También, el artículo 80 atribuye a la Legislatura la competencia para dictar la Ley de Puertos de la Ciudad, y el artículo 104 (inciso 20) dispone que el jefe de Gobierno administra el Puerto.

“Al constituirse como Ciudad Autónoma en 1996, el puerto debió ser cedido por el Gobierno Federal, aunque por razones de índole político esta transferencia nunca se concretó, como así tampoco la creación del ente que tendrá a su cargo la administración del Puerto”, explicó García en los fundamentos de su iniciativa.

Sin dudas los próximos cuatro años traerán a la Legislatura el debate por la plena autonomía de la Ciudad, que hace a la correspondiente aplicación de su propia Constitución. Más allá de la voluntad mancomunada de los Poderes Ejecutivos para hacer efectivas las demandas largamente reclamadas, los legisladores tendrán también un rol central en el avance de las iniciativas y la ratificación de los convenios.