COMUNAS
Todo depende del cristal con que se mire y, sin duda, este dicho se aplica a lo que ocurre con la Ley de Comunas y su implementación. A ocho años de la sanción de la norma, quien debe implementarla y a los diputados que monitorean el proceso de descentralización. Opiniones para todos los gustos.
El 1 de septiembre de 2005, hace ocho años atrás, la Legislatura porteña logró algo que parecía imposible. Sancionó la Ley Orgánica de Comunas, una deuda constitucional que debía haber sido saldada cuatro años antes -ya que las Comunas debían estar funcionando desde el 1 de octubre de 2001, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula transitoria 17º de la Carta Magna- pero que por intereses políticos diversos no lograba el consenso suficiente para llegar al recinto.
Primero se habló de cuatro, luego fueron ocho, después diez, doce, trece, quince, dieciséis, e incluso se propuso crear 47 Comunas. Finalmente, la Legislatura porteña aprobó por unanimidad (52 votos afirmativos) la división de la ciudad de Buenos Aires en 15 Comunas.
El acuerdo se logró luego de dos intentos frustrados y muchas negociaciones. La idea era que todos los sectores salieran ganando algo, y así fue. Finalmente el número de comunas establecido coincidió con el proyecto presentado por el entonces diputado Milcíades Peña (Confluencia) y era muy cercano a la propuesta del kirchnerismo que quería 16 comunas (como los ex Centros de Gestión y Participación, generalmente conocidos como CGP’s).
Luego de un profundo y arduo trabajo realizado por los miembros de la Comisión de Descentralización que presidía Roy Cortina, por el cual se visitó todos los barrios para debatir el contenido de la ley, el 30 de noviembre del 2004 la iniciativa fue aprobada en general (50 votos a favor y una abstención) y ese mismo día se creó una Comisión Especial que tenía 120 días para lograr el consenso definitivo.
Si alguien recibió felicitaciones por la sanción de la Ley de Comunas fue Cortina. El legislador socialista fue considerado por muchos de sus pares y por los vecinos que estuvieron siguiendo el proceso participativo como uno de los principales artífices de la norma.
Consultado por adnciudad.com ante el octavo aniversario de la sanción de la ley, Cortina (actual diputado nacional y jefe de campaña de UNEN) expresó: “La Ley de Comunas que fue el fruto de un proceso de elaboración participativa sin precedentes, sigue constituyendo una herramienta indispensable para distribuir el poder público y sentar las bases de una nueva relación gobierno-ciudadanía”.
Sin embargo, señaló: “Este nuevo aniversario de la sanción de la ley nos deja el sabor amargo de un proceso de descentralización obstaculizado por un Gobierno de la Ciudad que desconfía de la participación ciudadana y que, haciendo gala de un profundo menosprecio por las juntas electas democráticamente, las desfinanció y recortó sus competencias”.
A lo que añadió: “Porque, más allá de los pocos progresos que se registraron respecto a la realización de trámites y algunos mecanismos de atención vecinal, lo concreto es que -pasados ocho años de aquella histórica sesión del 1 de septiembre de 2005- las Comunas continúan sin contar con recursos para planificar y ejecutar políticas en materia de espacio público y -mucho menos- ejercer aquellas que le corresponden de manera concurrente con la administración central. Los verdaderos perjudicados son los vecinos porteños, imposibilitados de acceder a soluciones adecuadas frente a problemas urbanos cotidianos que permanecen ajenos a una gestión central incapaz de darles respuesta”.
En cambio, el ex diputado Rodrigo Herrera Bravo, sin duda otro de los legisladores que le pusieron el cuerpo a la descentralización, opinó: “Viví la sanción de la Ley de Comunas como un gran logro de la democracia. Recorrimos los 48 barrios generando consensos, cumplimos finalmente con la Constitución de la Ciudad allí donde las fuerzas tradicionales del distrito se hacían los distraídos, y para mí fue un orgullo que el PRO formara parte decisiva de todo ese proceso de construcción democrática”.
A lo que agregó: “En estos años se ha avanzado mucho en materia de descentralización, se han transferido algunas competencias exclusivas, pero todavía queda un largo camino por delante. Lo que se viene: la concurrencia sobre algunas decisiones y la administración del presupuesto comunal. Estos temas exigen un comportamiento muy responsable y transparente de todos los actores, para entender que más allá de las diferencias partidarias una vez que son electos pasan a ser todos parte del mismo equipo de conducción de los asuntos del Estado”.
Por último, el titular de la Fundación Diálogos Estratégicos sostuvo: “Algunos de los problemas de aplicación de la ley surgen del texto de la Constitución. Otros pueden subsanarse modificando algunos aspectos de la norma. Pero aún con sus problemas, considero que la Ley de Comunas debe verse como un gran avance en la calidad de la representación democrática en la Ciudad, y como el inicio de un camino que si se transita con responsabilidad permitirá el desarrollo de mejores gobiernos y mejores ciudadanos”.
Quien tiene a su cargo implementar medidas para avanzar con este proceso a nivel ejecutivo es el secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana Eduardo Macchiavelli, cuya visión también requerida por adnciudad.com.
“En apenas dos años de comenzada nuestra gestión adelante la Secretaría, ya descentralizamos la mayoría de las competencias que marca la ley: arbolado, espacios verdes y veredas, en lo que es responsabilidad del gobierno. Además, estamos iniciando en las próximas semanas el proceso de descentralización de las calzadas y a mediados del año que viene se terminaría la descentralización de las competencias exclusivas”, afirmó.
Asimismo, explicó: “También avanzamos muchísimo en algunas competencias concurrentes como la de los inspectores comunales con poder de policía, el sistema de padrinazgo (destinado a colaborar con el mantenimiento y puesta en valor de los espacios verdes públicos, a través de un convenio de gestión conjunta entre entidades privadas y el Estado) y el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria, que tiene como propósito reconocer a todas las entidades sin fines de lucro de la Ciudad”.
Macchiavelli mira hacia atrás y ve el vaso medio lleno. “Observando la cantidad de logros realizados, estamos sumamente orgullosos porque, comparativamente con otras ciudades del mundo como Barcelona o París en donde el sistema de descentralización tardó más de 20 años en comenzar a funcionar de manera organizada, en Buenos Aires la implementación se está logrando en tiempos récord”, aseguró.
En tanto, la titular de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, Raquel Herrero, indicó: “Hemos demostrado la voluntad política de cumplir un mandato constitucional que los vecinos reclaman con justa razón y que fue postergado por diferentes gestiones. Ninguno de los gobiernos que nos antecedieron quiso la elección de Comunas. Quedará en la historia que fue en la gestión del ingeniero Mauricio Macri en la que finalmente se cumplió con este mandato constitucional, por lo tanto, a mí como Presidenta de la Comisión de Descentralización, ni a nadie le interesa más que a nosotros que los gobiernos comunales sean un éxito y para eso trabajaremos en consecuencia con el mismo compromiso y responsabilidad de siempre”.
También expresó: “Desde la Comisión hemos llevado adelante una Jornada con numerosos constitucionalistas para seguir aprendiendo sobre esta nueva forma de gobierno. Es un proceso que va a llevar muchos años como en las grandes ciudades del mundo. En Barcelona o París, los beneficios de la descentralización comenzaron a verse a partir del décimo año y el proceso continúa después de 30 años, donde siguen haciendo ajustes. Nosotros todavía no cumplimos dos y ya tenemos las grandes facultades descentralizadas”.
El vicepresidente primero de la Comisión, Rafael Gentili, diputado porteño y primer candidato a legislador de Izquierda Democrática (I+D), señaló: “La Ley 1.777 significó un avance importantísimo en la historia de nuestra Ciudad, al institucionalizar formas de democracia participativa, con el objetivo de facilitar la desconcentración de las funciones del Gobierno de la Ciudad e impulsar la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y en el control de los asuntos públicos, y promover el desarrollo de mecanismos de democracia directa. Así, la Ley de Comunas obliga al Poder Ejecutivo central a delegar aquellas competencias que son propias de una intendencia, para concentrarse en aquellas exclusivas de una gobernación, y encarar la solución de los grandes problemas que implican hablar de una institucionalidad para la región metropolitana”.
Y añadió: “Hoy, las Comunas transcurren su segundo año de puesta en marcha, luego de pasados más de seis años de incumplimiento de la Ley 2248 -que fijó el 31 de mayo de 2007 como fecha límite de transición hacia el ordenamiento de la Ciudad en gobiernos comunales, y de disolución de los CGPC- y gracias a la insistencia judicializada de los propios vecinos -logro importantísimo y exclusivo de la ciudadanía. Pero es un existencia con dificultades e incompleta, con una distribución presupuestaria que no se propone superar las diferencias territoriales de nuestra Ciudad, y que mantiene la centralización de la ejecución presupuestaria contradiciendo a la descentralización que impuso la Ley Orgánica Comunal”.
Gentili concluyó: “Es por eso que desde Izquierda Democrática (I+D) exigimos la descentralización territorial de la ejecución de aquellos programas presupuestarios con un impacto local específico en materia de desarrollo social, cultura, deportes y defensa de consumidores y usuarios. La asignación de recursos y los mecanismos de participación ciudadana se presentan como las batallas pendientes que aparecen en el horizonte de este proceso lento, pero irreversible”.
Para la vicepresidenta segunda de la Comisión, la diputada María Rachid (Frente para la Victoria) “la sanción de la Ley de Comunas en el año 2005 cumplió con el mandato de la Constitución de la Ciudad que establece la creación de las Comunas como unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial. Sin lugar a dudas las Comunas, desde el texto constitucional, fueron pensadas como unidades de gestión con el fin de descentralizar las acciones del Gobierno de la Ciudad, favoreciendo la participación ciudadana y acercando el gobierno a cada uno/a de los/as vecinos/as. Por eso la sanción de la ley, luego de nueve años de demora desde la sanción de la Constitución significó cumplir con una deuda pendiente que hace a una mayor participación ciudadana y eficiencia en la resolución de los problemas de los vecinos”.
Para Rachid el balance “es muy pobre”. “Nunca hubo intención de parte del Gobierno de la Ciudad de descentralizar funciones, otorgarle poder a las Comunas o participar a los/as ciudadanos/as de las decisiones. Sino muy por el contrario se boicoteó toda posibilidad de una verdadera descentralización. Se demoró en la convocatoria a elecciones para autoridades de las Juntas Comunales, cuando estas fueron electas el Gobierno de la Ciudad creó las Unidades de Acción Ciudadana que no son más que órganos que se superponen con las Comunas, y toman funciones de éstas, con la diferencia de que sus autoridades en vez de ser elegidas por los/as vecinos/as son elegidas por el Jefe de Gobierno”, afirmó.
También dijo: “Todas estas acciones sumadas a que a las Comunas no se les proveyó de casi ninguna herramienta presupuestaria o administrativa para desarrollar sus funciones no hacen más que mostrar la decisión de mantener la centralización de los recursos y de la toma de decisiones en el Gobierno”.
Por último, la diputada sostuvo que “lo que resta por hacer es poner verdaderamente en funcionamiento las Comunas en la Ciudad. Se necesita la decisión política de parte del Poder Ejecutivo de dotar de herramientas presupuestarias y administrativas a las Juntas Comunales, de descentralizar funciones y de fomentar la participación de los/as ciudadanos/as en los Consejos Consultivos de las Comunas. Lamentablemente este Gobierno de la Ciudad no tiene intenciones de hacerlo”.
Y agregó: “Esta situación es triste ya que nos podríamos preguntar cuán distinta hubiera sido la respuesta de las Comunas ante las últimas inundaciones por ejemplo si hubieran contado con las herramientas que la ley les asigna por ejemplo. Por eso creemos que la importancia de que las Comunas cuenten con los recursos que les corresponden radica en que podrían dar una respuesta rápida, directa y efectiva a las necesidades de los/as vecinos debido a que son el órgano de gobierno que se encuentra más cerca de ellos. Nosotros seguiremos trabajando y reclamando para que esto ocurra como lo venimos haciendo hasta ahora. Confiamos en que con el cambio en la composición de la Legislatura, que se va a dar a partir de las próximas elecciones, podamos poner de nuevo en agenda el tema de la descentralización y las Comunas”.
