Nunca nos pareció esta sala tan pequeña como hoy”, graficó el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el periodista Horacio Verbitsky, la muy excedida capacidad de la sala de prensa del organismo. Decenas de hombres y mujeres quedaron afuera del espacio en el que Verbitsky y el secretario de la entidad, Damián Loreti, confirmaron que los periodistas de Página/12, Tiempo Argentino, el programa 6,7,8 y un relator de Fútbol para Todos que fueron denunciados por el Grupo Clarín –en una demanda presentada ante la Justicia el jueves pasado por el delito de incitación a la violencia y coacción agravada– contarán con la defensa jurídica del CELS “porque consideramos la intimidación al periodismo y a la libertad de expresión igual de grave si la ejerce el Estado que si la ejerce Clarín”. Ante representantes de organismos de derechos humanos, y con el apoyo de varios colectivos de trabajadores de prensa que fueron leídos durante la conferencia, Verbitsky calificó la “aclaración” que el abogado del multimedios Hugo Wortman Jofré se encargó de realizar en programas radiales matutinos ayer –en los que insistió en que los periodistas no habían sido demandados sino citados como testigos (ver recuadro)– como “una marcha atrás, un retroceso”: “Los periodistas están denunciados. Hay una contradicción flagrante entre esta desmentida y la denuncia judicial”, concluyó.

“No hacemos otra cosa que continuar con una tradición del CELS”, rompió el hielo el presidente del organismo, flanqueado por Loreti, el director ejecutivo de la entidad, Gastón Chillier, y los periodistas denunciados Sandra Russo, Nora Veiras, Roberto Caballero, Orlando Barone, Edgardo Mocca y el relator Javier Vicente. Verbitsky hizo referencia a casos en los que, años atrás, el organismo defendió a periodistas como Eduardo Kimel, Jorge Fontevecchia o Héctor D’Amico en casos similares. En esta ocasión es una empresa y no el Estado, como en aquellos casos –el Poder Judicial en el caso de Kimel; el Poder Ejecutivo en el de Fontevecchia y D’Amico–, quien demanda, y los delitos implican muchos más años de prisión, con el desacato y la calumnia e injuria fuera de juego cuando se trata de cuestiones de interés público.

“Pensamos que la intimidación al periodismo y a la libertad de expresión es igual de grave si la ejerce el Estado que si la ejerce una gran empresa, en este caso el Grupo Clarín”, remarcó el columnista de Página/12, quien adelantó que la entidad que preside representará la defensa de los periodistas denunciados. “Denunciados”, dijo, pese al intento de desmentida que significó la recorrida del abogado Wortman Jofré por programas radiales matutinos. “El Grupo Clarín dice que no ha pedido un castigo contra los periodistas, que no están imputados sino sólo citados como testigos. Esto es claramente una marcha atrás, un retroceso”, respondió Verbitsky ayer durante la conferencia de prensa.

De acuerdo con la lectura que el CELS hizo de la demanda que el grupo presentó ante el juez federal Luis Rodríguez, “los periodistas son mencionados como propaladores del mensaje oficial, colocados en pie de igualdad con funcionarios del gobierno nacional como Carlos Zannini, Martín Sabbatella, el diputado Edgardo Depetri, el legislador porteño Juan Cabandié y militantes, el director del Haroldo Conti, Eduardo Jozami, denunciados por incitadores a la violencia y coacción agravada. Hay una contradicción flagrante entre esta desmentida y la denuncia judicial”, entendió Verbitsky. Por su parte, Loreti agregó: “En la denuncia, los periodistas y funcionarios aparecen en los mismos párrafos y en los mismos capítulos, en las mismas condiciones y características”.

Russo, Veiras, Caballero, Barone, Mocca y Vicente figuran en la denuncia tanto como los dichos por los que se los denuncia, punto en el que radica justamente el objetivo del grupo empresario, según el presidente del CELS. “Las citas concretas en el propio escrito de Clarín son la mejor prueba de que lo que hoy dijo el abogado de Clarín es mentira. Los han citado, los han denunciado. Están acusados y por eso defenderemos a los compañeros de esta intimidación, los acompañaremos a su declaración y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que no se pueda concretar el objetivo intimidatorio de esta denuncia”, mencionó. Sin embargo, la estrategia, por ahora, será esperar. “Creemos que es importante agotar todas las instancias judiciales para que el juez diga que acá no hay ningún delito ya que criminalizar esto sería avanzar contra la libertad de expresión”, sostuvo Chillier.