¿UNA SOLUCIÓN AL CONFLICTO DEL SUBTE?
El bloque de Proyecto Sur intentó este jueves que la Legislatura porteña debatiera un proyecto que intenta resolver el conflicto entre Nación y Ciudad por el subterráneo. Los demás bloques afirmaron que no es un tema para tratar sobre tablas y pidieron tiempo para analizarlo y discutirlo en comisión.
Este jueves, durante la sesión ordinaria de la Legislatura porteña y una vez terminado el temario previsto, el bloque de Proyecto Sur propuso que se tratara sobre tablas un proyecto de ley para que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires acepte la transferencia por parte del Estado nacional de los servicios de transporte subterráneo y premetro, así como del transporte automotor y de tranvía.
La iniciativa también establece judicializar los desacuerdos que existan en relación a los recursos y dejar sin efecto el aumento de la tarifa hasta tanto se evalúe su pertinencia y validez jurídica.
Rafael Gentili, vicepresidente del bloque e integrante de la Comisión de Transporte, expresó: “Volvió a quedar en evidencia que ni el macrismo ni el kirchnerismo están interesados en solucionar el conflicto del subte, que tanto trastorno le ha causado a los hombres y las mujeres que viven y transitan por esta Ciudad, sino que prefieren seguir haciendo encuestas y medir el daño infringido al adversario”.
Los demás bloques no sólo no aceptaron debatir el tema en el recinto, sino que tampoco se comprometieron a tratar el proyecto en la sesión del 30 de agosto.
El diputado Julio Raffo, presidente del Bloque, afirmó: “Nuevamente el PRO se muestra indiferente e irresponsable frente al problema del subte al rechazar esta propuesta de Proyecto Sur que serviría de base para su solución definitiva”.
La propuesta establece que a los efectos de efectivizar la transferencia del subterráneo, el Poder Ejecutivo deberá reanudar las negociaciones con el Estado Nacional para acordar la reasignación de recursos correspondiente, los montos y plazos durante los cuales el Estado nacional asumirá las erogaciones en concepto de subsidios que actualmente se brindan para la prestación del servicio, determinar las obras y mejoras que resultan necesarias para garantizar niveles adecuados de calidad y seguridad del servicio, acordando su financiamiento, organismo/s responsable/s y plazos de ejecución y garantizar la coordinación de las políticas metropolitanas de transporte público de pasajeros.
Además, entre otros puntos, plantea que si en el plazo de noventa días corridos de promulgada la Ley no se obtuviesen los acuerdos necesarios con el Estado nacional el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumirá las competencias cuya transferencia se prevé, debiendo dejar expresa reserva de realizar las acciones administrativas y/o judiciales que resulten necesarias contra el Estado nacional y/o los/as funcionarios/as responsables, a los efectos de obtener por dicha vía los fondos y/u obras que por derecho correspondan.
Lo cierto es que desde los demás bloques presentes coincidieron en afirmar que, dada la naturaleza del conflicto y lo complejo del tema, es necesario debatir en comisión la propuesta y no hacerlo directamente en el recinto.
La iniciativa también establece judicializar los desacuerdos que existan en relación a los recursos y dejar sin efecto el aumento de la tarifa hasta tanto se evalúe su pertinencia y validez jurídica.
Rafael Gentili, vicepresidente del bloque e integrante de la Comisión de Transporte, expresó: “Volvió a quedar en evidencia que ni el macrismo ni el kirchnerismo están interesados en solucionar el conflicto del subte, que tanto trastorno le ha causado a los hombres y las mujeres que viven y transitan por esta Ciudad, sino que prefieren seguir haciendo encuestas y medir el daño infringido al adversario”.
Los demás bloques no sólo no aceptaron debatir el tema en el recinto, sino que tampoco se comprometieron a tratar el proyecto en la sesión del 30 de agosto.
El diputado Julio Raffo, presidente del Bloque, afirmó: “Nuevamente el PRO se muestra indiferente e irresponsable frente al problema del subte al rechazar esta propuesta de Proyecto Sur que serviría de base para su solución definitiva”.
La propuesta establece que a los efectos de efectivizar la transferencia del subterráneo, el Poder Ejecutivo deberá reanudar las negociaciones con el Estado Nacional para acordar la reasignación de recursos correspondiente, los montos y plazos durante los cuales el Estado nacional asumirá las erogaciones en concepto de subsidios que actualmente se brindan para la prestación del servicio, determinar las obras y mejoras que resultan necesarias para garantizar niveles adecuados de calidad y seguridad del servicio, acordando su financiamiento, organismo/s responsable/s y plazos de ejecución y garantizar la coordinación de las políticas metropolitanas de transporte público de pasajeros.
Además, entre otros puntos, plantea que si en el plazo de noventa días corridos de promulgada la Ley no se obtuviesen los acuerdos necesarios con el Estado nacional el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumirá las competencias cuya transferencia se prevé, debiendo dejar expresa reserva de realizar las acciones administrativas y/o judiciales que resulten necesarias contra el Estado nacional y/o los/as funcionarios/as responsables, a los efectos de obtener por dicha vía los fondos y/u obras que por derecho correspondan.
Lo cierto es que desde los demás bloques presentes coincidieron en afirmar que, dada la naturaleza del conflicto y lo complejo del tema, es necesario debatir en comisión la propuesta y no hacerlo directamente en el recinto.
