Tras los incidentes ocurridos el 29 de mayo último, cuando fueron agredidos las diputadas Laura García Tuñón y Rocío Sánchez Andía, asesores legislativos y vecinos que realizaban una visita en el barrio, la jueza Elena Liberatori ordenó suspender en sus funciones a la presidenta de la comisión vecinal, Vanesa López, y a su marido Mario Fariña, e intervino judicialmente dicha comisión.

Es que las diputadas, apoyadas por legisladores de otros bloques, habían denunciado irregularidades en la elección de esa comisión vecinal y habían solicitado la intervención de la junta.

Liberatori dispuso la “suspensión” de López y Fariña “en el ejercicio de cualquier cargo que detenten en el barrio Ramón Carrillo, con motivo de los hechos denunciados contra ellos y hasta tanto estos hechos y sus respectivas responsabilidades queden esclarecidos. Además, según la resolución –a la que accedió Página/12–, dispuso la “intervención judicial normalizadora de la nueva comisión vecinal, y designó como interventor al arquitecto Gustavo Cañaveral”.

La delegación de legisladoras, asesores y vecinos fue atacada cuando realizaban una visita de inspección a las obras de cloacas que la junta vecinal realiza en el barrio Ramón Carrillo. Los vecinos denunciaban irregularidades en las medidas de los caños que se colocaban para los desagües. Fue en esas circunstancias en que fueron atacados a pedradas y huevazos. Algunos recibieron heridas y tuvieron que ser trasladados a un hospital para su atención.

Sánchez Andía (Coalición Cívica) manifestó que “es fundamental que se adopten medidas para poner fin a la violencia. Debe quedar en claro que las patotas y las mafias no pueden continuar sometiendo a los vecinos a través del miedo y las agresiones. Vamos a avanzar hasta donde sea necesario para que desaparezcan estas prácticas”.

Por su parte, García Tuñón expresó su “conformidad con la decisión de Liberatori de apartar de la comisión vecinal a los responsables de los hechos de violencia y de atemorizar a los vecinos del barrio”.