DEFINICIÓN POR EL AUMENTO EN LOS SUBTES

El juez en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad, Fernando Juan Lima, le pidió opinión al Gobierno de Mauricio Macri y a Metrovías sobre los cuatro amparos presentados contra el aumento del 127% de la tarifa del subte, antes de resolver si avala o frena el incremento de la tarifa.

El Ejecutivo porteño, Metrovías y subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), los tres demandados en las cautelares, tienen dos días para responderle a la Justicia, por lo que entre el martes y miércoles de la próxima semana el magistrado resolverá los planteos.

La decisión judicial se dio a conocer en medio de la continuidad de las protestas de los trabajadores del subte por el aumento tarifario, en vísperas de la finalización de la tarifa de 1,10 pesos para los usuarios de las tarjetas SUBE o Monedero.

De esta manera, a partir de este viernes todos los pasajeros deberán abonar la nueva tarifa, a menos que aún posean créditos disponibles de la tarjeta subtepass adquiridos antes del aumento.

Juan Lima también se declaró competente para intervenir y habilitó la feria judicial de enero para tratar los planteos de entidades de consumidores, legisladores porteños y el Partido Obrero, informaron a DyN fuentes judiciales.

Las partes serán notificadas formalmente este viernes de la resolución, por lo que el viernes comienza a correr el plazo de los dos días para que contesten los amparos. Así, el martes o miércoles el magistrado estará en condiciones de decidir si suspende el aumento tarifario o lo avala.

El magistrado acumuló los cuatro planteos en uno solo "habida cuenta de la urgencia que merece el tratamiento del caso y con la finalidad de optimizar los tiempos del proceso y de tender a la lograr eficacia en la producción de los actos procesales que a partir de ahora tendrán lugar".

Además, le solicitó al Gobierno de Macri copia de dos expedientes administrativos y de "todas las actuaciones vinculadas con el pedido de audiencia pública efectuado por el Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad al cual se hace referencia en el decreto N27/2012".

El pedido, explicó Juan Lima, es "para resolver adecuadamente las medidas cautelares requeridas". El magistrado compartió el criterio que ayer dictaminó la fiscal Ana Di Iorio de declararse competente y habilitar la feria judicial.

Así, le corrió vista al a los tres demandados para que en el "término de dos días" conteste los amparos "a los fines previstos en el artículo 15, segundo párrafo, de la Ley 2.145".

Se trata de la ley de amparos que establece que "cuando la medida cautelar solicitada afectase la prestación de un servicio público o perjudicara una función esencial de la administración, el juez previamente le correrá traslado a la autoridad pública demandada para que se expida dentro de un plazo máximo de dos días sobre la inconveniencia de adoptar dicha medida".

A los amparos se sumó una denuncia penal contra Macri que presentó el presidente de Ciudadanos Libres, el abogado José Mangiocalda, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por aumentar la tarifa sin llamar a audiencia pública.

Al respecto, el auditor General de la Ciudad, Eduardo Epszteyn -uno de los actores del amparo que intenta frenar el aumento de la tarifa del Subte-, se comprometió a acompañar las miles de firmas de los usuarios en contra de la medida del Gobierno. Ratificó que solicitará al Juzgado que se incorporen a la demanda".