RECHAZAN EL VETO A LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
Diferentes fuerzas políticas de la Legislatura presentaron proyectos de Declaración para expresar el rechazo Presidencial. Desde la UCR-EVOLUCIÓN y Confianza Pública expresaron que la educación pública cumple un rol fundamental para el desarrollo
y el progreso de cualquier sociedad. Es por este motivo que el Estado debe proteger y
garantizar el pleno funcionamiento de la educación pública universitaria para que se
haga efectivo el derecho de todos a una educación de calidad.
En tanto, los legisladores de Unión por la Patria expresaron su más enérgico
repudio al proceder del Gobierno Nacional a partir del veto de la Ley de Financiamiento
Universitario, que había sido sancionada el pasado 13 de septiembre por el Congreso
Nacional luego de obtener la aprobación de ambas cámaras.
Este veto se produce después de que el miércoles 2 de octubre se llevará a cabo
la segunda Marcha Federal Universitaria organizada por el Consejo Interuniversitario
Nacional, el Frente Gremial Universitario, la Federación Universitaria Argentina y el
conjunto de los centros de estudiantes bajo el lema “Para seguir siendo una Nación. Sí al
financiamiento universitario”, en rechazo a los recortes presupuestarios, la privatización
de servicios y la eliminación de programas de becas, y a favor de una ley de
financiamiento para las universidades nacionales.
De carácter multitudinario, esta marcha fue la reedición de la primera gran
Marcha Federal Universitaria realizada el 23 de abril de este año en la que participaron
más de un millón de personas en distintos puntos del país. Esta acción colectiva se
organizó en respuesta a las políticas de ajuste que el gobierno nacional viene aplicando
desde el inicio del año y que atenta la calidad de la enseñanza en las universidades nacionales. La educación pública es uno de los pilares históricos de una sociedad
democrática y con integración social. Nuestra historia nacional está cargada de hechos
sociales que tienen a la educación como protagonista, manifestada en el andar de cada
estudiante y cada docente. Las universidades nacionales en nuestro país anteceden a la
formalización legal del sistema educativo sancionado por la Ley 1.420. La Reforma
Universitaria de 1918, en donde estudiantes organizados lucharon por la
democratización y ampliación de sus casas de estudios ha sido un hito nodal. Esto fue
complementado con la posterior sanción de la gratuidad universitaria un 22 de
noviembre de 1949 y con la obligatoriedad de la educación secundaria establecida en la
Ley de Educación Nacional 26.206.
Cualquier proyecto de país tiene estrecha relación con la planificación y el
desarrollo de un sistema educativo y universitario gratuito, público y de calidad. La
educación pública no sólo puede ser bastión de defensa de quienes lo habitan, sino que
quienes tienen responsabilidades de gobierno deben asumir un compromiso
presupuestario y de planificación con la misma, que es a su vez un compromiso
ineludible con su pueblo y su país.
