UN DERECHO QUE LLEGÓ A LA CORTE SUPREMA
El máximo tribunal firmará hoy una sentencia en la que busca terminar con la polémica en torno de los abortos no punibles. Según pudo saber este diario, los jueces harán hincapié en que ese tipo de casos no deben ser judicializados.
La Corte Suprema está a punto de dar un paso fundamental en la discusión que rodea al aborto: se dispone a firmar hoy un fallo que apunta a dejar en claro que cualquier mujer tiene derecho a interrumpir un embarazo que es producto de una violación y que no requiere ninguna autorización judicial para eso. Todo indica que el tribunal dirá que esa posibilidad no se limita a las mujeres que sufren una discapacidad mental y que no cabe otra interpretación del Código Penal. Esa es una de las tantas excusas –basadas en una lectura restrictiva de la ley– con que se obstaculizan o rechazan los pedidos para detener la gestación tras una situación de abuso sexual. Los jueces supremos vienen hace meses trabajando en esta sentencia que, según anticipan sus allegados, promete dejar un fuerte mensaje tanto para los médicos y hospitales, que a menudo se niegan a practicar abortos no punibles sin un expreso aval judicial, como para los jueces, que suman escollos con resoluciones que ponen en duda las excepciones legales que permiten abortar.
Los últimos años ofrecen una larga lista de mujeres, muchas de ellas niñas y adolescentes, que se vieron enredadas en un laberinto judicial ante la negativa de las instituciones públicas de salud a realizarles un aborto no punible. En una de esas historias se basará la Corte Suprema.
Ese tortuoso periplo, al que son empujadas muchas mujeres, lo tuvo que recorrer A.G., una adolescente de 15 años, que a comienzos de 2010 debió llegar hasta el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut para poder poner fin a un embarazo que, según denunció, era producto de un abuso sexual cometido por su padrastro –a quien ella creía su padre–, un policía que la sometía desde que tenía 11 años. A.G. tuvo que ir a la Justicia después de que en el hospital de Comodoro Rivadavia se negaran a realizar la práctica. Su reclamo también fue rechazado en primera y segunda instancia judicial. “Es terrible lo que han hecho.”
Esa mujer y su hija fueron acompañadas a lo largo de su batalla legal por organizaciones que se movilizaron frente a los tribunales. Aurora Fuentes, la mamá de A.G., tuvo el patrocinio de la abogada Sandra Grilli, quien contó con el apoyo jurídico de abogadas del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. El drama de A.G. tuvo amplia repercusión: la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y numerosas ONG de mujeres, derechos humanos y civiles se presentaron como amicus curiae para apoyarla.
