QUEJAS POR LA INTEGRACIÓN DE GRADOS
La medida de integración de cursos implementada por el Ministerio de Educación porteño continúa generando la protesta de diversos bloques de legisladores y la presentación de un amparo por parte de la ONG "Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional".
Entre los legisladores que se han manifestado en contra de la medida, el diputado Rafael Gentili del bloque Proyecto Sur, solicitó información al ministro Esteban Bullrich por el cierre de los cursos, expresando que "en el plano educativo, una vez más, la gestión de Mauricio Macri mira para otro lado cuando se trata de dar respuestas para garantizar el derecho efectivo de niños, niñas y adolescentes de acceder a y permanecer en un sistema educativo de calidad en la ciudad de Buenos Aires"
.El pedido de informes de Gentili se basa según sus señalamientos en que "el cierre de 143 grados de nivel primario, 53 cursos de nivel medio y 25 cursos de escuelas técnicas, a tan solo dos días del comienzo de las clases, ignora los tiempos reales de confirmación efectiva de la matrícula de alumnos concurrentes y es concebida en un vacío absoluto de información confiable sobre demanda insatisfecha en escuelas de nivel primario (especialmente en primer grado) y medio: no se registra a todos los demandantes de vacantes, no hay sistematización de datos".
Asimismo, sostuvo: "Esta decisión de cerrar grados y cursos enteros se inscribe en una sistemática política de desjerarquización, desatención y recorte al conjunto de políticas, programas y recursos destinados a niños, niñas y adolescentes, que no solo atañe al ámbito de la enseñanza".
Y agregó: "La administración actual y todas las que le sucedan mientras esté vigente el actual marco normativo tienen el mandato de gobernar respetando tanto la plataforma con la que fue electa, como preservando, con absoluta independencia de la ideología del gobernante de turno, un conjunto de derechos que no pueden ser suspendidos o retirados, que imponen obligaciones de acción y omisión a la administración y a los funcionarios transitorios que la tienen a cargo. Eso es lo que implica la garantía de los tratados internacionales en que están inscriptos esos derechos y la protección de la ley que los define."El Frente Progresista y Popular -integrado por los legisladores porteños, Aníbal Ibarra, María Elena Naddeo y Susana Rinaldi- por su parte también "repudia el cierre de cursos y grados en escuelas secundarias y primarias porteñas, resuelta por el Ministerio de Educación en expresa concordancia con el plan establecido por Mauricio Macri, conforme su visión empresarial del Estado".
Mientras que la ONG "Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil" presentó este viernes por la mañana un amparo con solicitud de medida cautelar contra la DISPOSICIÓN 15/2O12 de la Dirección General de Educación de Gestión Pública del GCBA .
La causa quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8, a cargo del Dr. Osvaldo Otheguy, aunque -según se informó en la Cámara- sería derivada al Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 10 del Dr. Hugo Zuleta, que previno en presentaciones similares de otros interesados.
El comunicado de la ONG argumenta que "la decisión del Gobierno porteño de proceder al cierre de 221 cursos correspondientes al nivel primario, secundario y terciario, con la supuesta finalidad de generar espacios físicos disponibles para 1500 niños de nivel inicial (jardín de infantes) genera hacinamiento como consecuencia de la derivación de los alumnos de los cursos cerrados hacia los que permanecen abiertos. La medida impugnada no sólo careció de la participación previa de la comunidad educativa, que exige la Constitución de la ciudad de Buenos Aires en su artículo 23, segundo párrafo, sino que va decididamente en contra del artículo 28 de la ley nacional de educación 26.206, que fijó como objetivo la instauración de la jornada completa en las escuelas primarias de todos los distritos del país".
Y agrega: "La progresiva transformación de escuelas de jornada simple en escuelas de jornada completa, que exige la legislación vigente, requiere de más cursos, más edificios y más docentes, por lo que la disposición 15/2012, al achicar la oferta educativa, se aleja aún más del objetivo que la ley le impone".
Por supuesto, todos se harán presente en la marcha en defensa de la escuela pública, que se realizará ante la Jefatura de Gobierno de la Ciudad a las 18 hs.
