Con amplísimo apoyo político está previsto que se apruebe hoy en la Cámara de Diputados una reforma a la ley de trata y al Código Penal, que apunta a mejorar la persecución del delito, endurece las penas para que sean de cumplimiento efectivo y busca brindar mayores garantías a las víctimas durante los juicios y para poder reinsertarse laboralmente después de haber estado esclavizadas. Ayer, en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Presupuesto, el oficialismo y los bloques de la oposición firmaron un dictamen de mayoría. La diputada Marcela Rodríguez firmó el propio en minoría. De todas formas, tanto ella como el FAP, el radicalismo y el Peronismo Federal adelantaron que acompañarán en general la iniciativa –impulsada por el Frente para la Victoria–, pero plantearán algunas objeciones durante su tratamiento en el recinto. La plenaria de comisiones tuvo nutrida concurrencia. Estuvo encabezada por el titular de Legislación Penal, el kirchnerista Oscar Albrieu. Además de diputadas y diputados de todas las bancadas, siguieron la reunión representantes de organizaciones de la sociedad civil, que venían reclamando modificaciones a la ley 26.364 desde su aprobación en 2008, por considerar que no resultaba eficaz para perseguir a los tratantes. Aunque la oposición propondrá algún cambio en el articulado –y ayer planteó disidencias parciales–, se espera que se convierta en ley.

Al finalizar las sesiones ordinarias, el proyecto perdió estado parlamentario: no llegó a tratarse porque en el bloque oficialista no había acuerdo en relación con las modificaciones aprobadas el año pasado en el Senado. Pero la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de incluirlo en el temario de las extraordinarias, luego del polémico fallo que absolvió a los trece imputados por la desaparición y promoción de la prostitución de Marita Verón, reflotó la iniciativa.

La actual ley de trata fue aprobada en 2008 por impulso del oficialismo, como consecuencia de la lucha que llevó adelante Susana Trimarco después de la desaparición de su hija, Marita Verón. Ya durante la sanción hubo puntos que generaron debate. Ayer Trimarco dijo que el proyecto para cambiar la ley debía sancionarse hoy “sí o sí”.

“Todos los bloques coincidimos con la necesidad de sancionar esta reforma, aunque se van a observar algunos aspectos, pero no los vamos a debatir ahora porque no queremos obstruir la votación”, explicó a Página/12 la diputada María Luisa Storani, de la UCR. “La ley mejora fundamentalmente tres aspectos. En primer lugar, se elimina la necesidad de que las víctimas mayores de 18 años tengan que probar que no dieron el consentimiento para estar en esa situación; en segundo lugar, hay un capítulo especial dedicado a la protección de los derechos de las víctimas. Hasta ahora tenían protección de la Oficina de Rescate durante el tiempo que duran los juicios y después lo que sucedía es que volvían a su casa, y resulta que los proxenetas viven en el mismo barrio, y terminaban, sin otras opciones laborales, cayendo nuevamente en sus redes. En tercer lugar, se amplían las figuras como la del rufianismo y se incorporan agravantes, por ejemplo si la víctima estaba embarazada o era discapacitada”, destacó Storani.

Hay coincidencia entre los bloques en que posiblemente sean necesarias otras modificaciones para lograr una norma aún más efectiva.

La diputada Marcela Rodríguez es la única que firmó un dictamen en minoría. Puntualmente, tal como adelantó ayer este diario, cuestiona que no se incluyan castigos para quien paga por sexo en los burdeles ni penas de prisión para los que regenteen o sean dueños de los lugares donde hay explotación sexual ni medidas concretas para apoyar a las víctimas en su reinserción laboral como pensiones graciables o planes sociales.

La iniciativa, que se votará hoy, propicia las siguientes reformas:

Ya no habrá diferencia entre víctimas mayores y menores de 18 años. Las mayores no tendrán que demostrar que no dieron el consentimiento. Para que se constituya el delito de trata con pena de 4 a 8 años deberá haber ofrecimiento, captación, traslado, recepción o acogimiento con fines de explotación (incluso si no es consumada). Al quitar la exigencia de la falta de consentimiento, ésta se pasó como figura agravada de la trata con penas de 5 a 10 años, cuando sea cometido bajo alguna de las siguiente circunstancias:

– Medios comisivos: engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre ella

– El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima;

– El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria;

– La víctima estuviera embarazada, fuera mayor a 70 años, o fueran más de tres víctimas;

– En la comisión del delito participan tres o más personas;

– Si la víctima fuere menor de 18 años la pena será de 10 a 15 años de prisión.

– Si se lograre consumar la explotación la pena será de 8 a 12 años.

Otra de las modificaciones es que se incorpora al artículo que especifica qué se entiende por explotación, también la promoción, facilitación y comercialización de la pornografía infantil, y toda otra realización de presentación o espectáculo con esos contenidos; la promoción, facilitación y comercialización de la prostitución ajena o cualquier forma de oferta de servicios sexuales ajenos.

Al mismo tiempo, se incorpora al artículo 23 del Código Penal sobre decomiso de los bienes muebles e inmuebles donde se mantuviere a la víctima privada de su libertad o siendo objeto de explotación. Esos bienes serán destinados a programas de asistencia a la víctima.

Se modifica el artículo que define la explotación económica, que se configurará, aunque mediare el consentimiento de la víctima. Y se amplían los agravantes también en este caso.

La propuesta incluye también la incorporación al Código Procesal Penal de la Nación de la posibilidad de que las víctimas de trata sean entrevistadas por un psicólogo y se prohíbe que sean interrogadas de manera directa por las partes.