La norma fue aprobada en el marco de una sesión extraordinaria de la Legislatura convocada específicamente para debatir el proyecto de transferencia del servicio. La Legislatura dejó abierta la posibilidad de dar de baja el contrato con la empresa concesionaria Metrovías, firmar con otro operador o reestatizar el medio de transporte.

Los costos del servicio serán cubierto con un aumento en el Impuesto a los Sellos del 0,8 al 1 por ciento, además de un incremento del 10 por ciento en los peajes de las autopistas porteñas. También se aprobó una suba de hasta el 5 por ciento en patentes de vehículos de alta gama.

Del proyecto original se quitó el aumento a los combustibles que había sido planteado por el PRO como unas de las fuentes para financiar la operatividad de la red de transporte.

Tras el rechazo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSYP), se modificó el artículo que obligaba a cumplir con el 60 por ciento del servicio asegurado en medio de una huelga y otorgaba al Estado porteño la potestad de regular la jornada laboral. Al respecto, se estableció que “las organizaciones gremiales deberán comunicar las medidas de protesta a adoptar con dos días de antelación al evento” y que “la obstaculización de la operación y de sus actividades propias o conexas constituye infracción administrativa grave, sin perjuicio de las figuras o tipificación penal que pudieran corresponder”.

La ley dejó definido que el subte y el premetro brindan un “servicio público” y no esencial, contra lo que pretendía el PRO, y declaró la “emergencia” de la red por “dos años” -a diferencia de los cinco a los que aspiraba el macrismo-, “prorrogable por un año”.

Además, se autorizó al gobierno porteño a tomar deuda por “300 millones de dólares o su equivalente en pesos u otras monedas”.

Por último, se estableció que se debe convocar a la empresa concesionaria Metrovías “dentro del plazo de sesenta días, prorrogable por un período de treinta”, para evaluar la posibilidad de continuar con esa compañía en la red, contratar a otra o avanzar con la reestatización del medio de transporte.

Sin embargo, el legislador del PRO Cristian Ritondo aclaró esta mañana que “damos por terminado el contrato que Metrovías tiene con el Gobierno nacional, y a partir de ahora vamos a volver a negociar con ellos o con otra empresa, porque la idea del PRO no es estatizarlo”.