Sectores opositores están en desacuerdo con la medida adoptada por el Gobierno porteño del cierre transitorio de la Línea A para su reacondicionamiento y han presentado amparos, ante la Justicia para que el cierre no se lleve adelante.
La medida, decretada por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires de cerrar transitoriamente, para su reacondicionamiento y aportar mayor seguridad a los pasajeros de la línea de subte A, movilizó a que los partidos, MST por Proyecto Sur y Partido Social de la Ciudad, presenten ante la Justicia amparos para impedir que el mismo se cierre.
El diputado porteño Alejandro Bodart del MST en Proyecto Sur, con el patrocinio de los doctores Pablo Vicente y Carlos Lucero Paz (CADHU), presentaron un amparo contra el Gobierno de la Ciudad por el cierre de la Línea A de subte, expresando que “Mauricio Macri dispone un cierre innecesario y efectista. Por eso le reclamamos al Poder Judicial que anule esa medida arbitraria y ordene al gobierno a presentar un plan alternativo que no perjudique a los usuarios, al tránsito y a los comerciantes”.
Entre otros argumentos, en su recurso, Bodart -defensor de la reestatización del subte con control social- sostuvo: “El cierre de la Línea A afecta los derechos e intereses de sus 150 mil usuarios, al tránsito y el medio ambiente, a los comerciantes de la Línea y al patrimonio cultural e histórico que son los viejos coches… Durante sus casi 100 años de servicio, los subtes cambiaron en varias oportunidades su tecnología, sistemas de señalamiento, electrificaciones y otras características sin interrumpir el servicio ni un sólo día”.
Por su parte integrantes del Partido Social de la Ciudad de Buenos Aires presentaron una acción de amparo en la Justicia, en lo Contencioso, Administrativo y Tributario “a fin de evitar la interrupción del servicio de la Línea A del subte por 56 días corridos, tal como anunciara el Gobierno porteño” para continuar expresando en sus fundamento que “la medida del Ejecutivo local implica una afectación al derecho de los usuarios a un servicio público de transporte subterráneo cuya prestación debe ser continua e ininterrumpida. Asimismo se viola la Ley N° 210 que indica que se debe realizar una audiencia pública en forma previa a interrumpir un servicio público”.
Además argumentaron que “el plan anunciado por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) resulta motivado por objetivos políticos, publicitarios y electorales, no técnicos, ya que como el mismo presidente de SBASE, Juan Pablo Piccardo, sostuvo, las alternativas para realizar las medidas sin interrupción del servicio tomarían ocho meses” y señalaron que “las medidas a implementarse no son novedosas y siempre se realizaron sin interrumpir el servicio”.
