SUMARIOS PARA LOS RESPONSABLES
Debido a las falencias en la implementación del sistema de inscripción on line en las escuelas públicas de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno porteño que evalúe la apertura de sumarios administrativos a los funcionarios que lo llevaron a cabo.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad le pidió al jefe de Gabinete del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que considere la posibilidad de abrir un sumario administrativo a los funcionarios del Ministerio de Educación por los perjuicios causados a los miles de niños y adolescentes que hasta ahora no tienen vacantes en escuelas públicas de la ciudad.
La resolución 3188/13 de la Defensoría considera que deben ser analizadas las responsabilidades de los funcionarios en las “graves falencias” del sistema de inscripciones vía internet. El escrito señala que, como vienen denunciando trabajadores de la educación y familias afectadas, los resultados de la inscripción no respetaron el reglamento escolar.
Pero además sostiene, en base a una evaluación de la propia Defensoría, que el Ministerio de Educación no cumplió con el “deber de resguardo de la documentación que las familias entregaron al personal del mencionado Ministerio”.
Según el escrito de la Defensoría a lo largo del proceso de inscripción hubo “serias deficiencias detectadas con relación a las obligaciones emergentes de la Ley 1845 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación al deber de resguardo de la documentación que las familias entregaron al personal del Ministerio a su cargo afectado al operativo de inscripción de alumnos/as para el ciclo lectivo 2014”. La ley 1845 es la norma que establece la protección de los datos personales.
El escrito también solicita que se otorguen las vacantes según lo establecido por el reglamento escolar vigente a todos los niños y adolescentes cuyos padres presentaron denuncias debidamente documentadas en la Defensoría.
La resolución tiene origen en numerosas presentaciones hechas por padres y madres de niños y adolescentes que no accedieron a las vacantes que pidieron en los niveles inicial, primario y secundario de las escuelas públicas de la ciudad. Entre ellas las de varias familias que no obtuvieron vacante para su hijos de a pesar de tener a otros su otros hijos cursando en el mismo establecimiento educativo. La resolución reseña que la Defensoría recibió “más de cuatrocientos reclamos por denegación de vacantes solicitadas para el ciclo lectivo 2014”.
La resolución informa que “personal de esta Defensoría del Pueblo observó que, por ejemplo, en la Escuela de Educación Media nº 3 del Distrito Escolar 7º, el personal contratado por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cumplir funciones en el marco del programa de inscripción electrónica de alumnos/as no entregaba constancia de recepción de la documentación, limitándose a guardarla en sobres que eran acumulados en una mesa”. Debe recordarse que se trata de información con datos personales de niños, niñas y adolescentes, certificaciones varias, información laboral y profesional de los padres y, en algunos casos, datos sensibles vinculados a la salud psicofísica de los/as alumnos/as aspirantes a ingresar a alguno de los niveles de la educación.
En relación con el tratamiento de los datos se sostiene que el trabajo de la Defensoría permitió corroborar “las presunciones acerca del incumplimiento por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de su deber de resguardo de la documentación con datos personales y, en algunos casos, datos sensibles que las familias le confiaron, inobservando los preceptos de la Ley 1845 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que debe ser puesto en conocimiento de la autoridad de aplicación de la mencionada norma a los fines que analice el caso y evalúe las eventuales sanciones”.
La Defensoría también llama la atención sobre que las irregularidades en la inscripción fueron advertidas por numerosos organismos y que el gobierno de la ciudad las desconoció: “Todas estas irregularidades detectadas evidencian que los costos de haber implementado este año el dispositivo a pesar de las advertencias formuladas desde distintos organismos, sectores y gremios docentes exceden con creces pesos 15.200.403,74 del presupuesto asignado hasta el momento al programa y los deben afrontar, lamentablemente, los miles de niños, niñas y adolescentes que a la fecha no cuentan con vacante confirmada y sus familias, que cargan con la incertidumbre de saber que, en el mejor de los casos, recién en los días previos al inicio del ciclo lectivo 2014 podrán conocer la escuela en la que cursarán sus hijos/as, en muchos casos, escuelas que no fueron las que priorizaron al momento de la inscripción”.
