CADA VEZ SON MÁS LOS INQUILINOS EN LA CIUDAD QUE SE ENDEUDAN PARA CUBRIR EL ALQUILER
La crisis habitacional en la ciudad presenta cifras alarmantes que exponen la fragilidad de miles de familias. Un relevamiento exhaustivo realizado por especialistas de la Universidad de Buenos Aires, el CONICET, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) confirmó que el 77% de la población inquilina que contrajo deudas en el último año destinó ese dinero exclusivamente al pago del canon locativo. Este fenómeno de endeudamiento para cubrir una necesidad básica se profundizó de manera drástica, ya que en 2024 la cifra era del 67% y en 2022 alcanzaba al 62% de los hogares.
El analisis detalla que la presión del alquiler sobre los recursos mensuales de los hogares es cada vez más asfixiante. La proporción de familias que destina más de la mitad de sus ingresos al pago de la vivienda subió del 38% al 57% entre 2024 y 2025. En contrapartida, apenas el 21% de los encuestados logra cumplir con los estándares internacionales que recomiendan no invertir más de un tercio del salario en el techo propio. Como consecuencia directa de este desequilibrio financiero, solo el 14% de las personas consultadas pudo ahorrar algún monto de dinero durante el mes previo a la realización de la encuesta.
Por otro lado destaca que la tasa de actividad subió del 87% al 93%, un incremento que los investigadores explican a través de las jefaturas de hogar jóvenes y de adultos mayores. Este grupo poblacional aumentó significativamente su participación en el mercado laboral a pesar de encontrarse en edad jubilatoria o de cursar estudios superiores, movilizado por la urgencia económica.
En este sentido, los datos segmentados por edad arrojan resultados preocupantes. El 70% de los hogares encabezados por mayores de 60 años y el 53% de aquellos con jefaturas jóvenes destinan más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. Esta situación se da en un contexto de desregulación del mercado inmobiliario tras la derogación de la ley de alquileres 27.551, lo cual dio lugar a contratos más cortos y actualizaciones mucho más frecuentes que pulverizan el poder adquisitivo de los trabajadores en Buenos Aires.
La duración de los contratos en el AMBA se consolidó actualmente en plazos de dos años para el 47% de los casos, mientras que un 17% de los acuerdos se firma por un año o incluso menos tiempo. Asimismo, el ritmo de los ajustes se aceleró notablemente bajo las nuevas condiciones de mercado. Casi la mitad de los inquilinos, exactamente un 48%, debe afrontar actualizaciones en el precio cada tres meses. Esta dinámica contrasta con el esquema previo a la derogación de la normativa anterior, donde el 42% de los contratos se extendía por tres años y permitía una mayor previsibilidad financiera para los locatarios.
