NO HAY DEFINICIÓN

El Consejo de la Magistratura porteña se tomará unos días para tomar posición frente a la presentación realizada por el defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim, pidiendo el juicio político contra la jueza María Fernanda Botana, quien dispuso el desalojo del Hotel Sur. La magistrada recibió el apoyo de un importante grupo de miembros de la Justicia.

El desalojo del Hotel Sur dispuesto por la jueza en lo Penal Contravencional y de Faltas María Fernanda Botana terminó con un pedido de juicio político por parte del defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim,.

Ahora el Consejo de la Magistratura deberá resolver el planteo, mediante la Comisión de Disciplina y Enjuiciamiento que integran Daniel Fábregas, Laura Grindetti y el juez Gustavo Letner, quienes se tomarán unos días para expedirse.

Kestelboim consideró que la orden impartida por la jueza María Fernanda Botana "es de una gravedad demasiado importante como para dejarla pasar, ya que demuestra una insensibilidad total" por parte de la funcionaria.

Ahora bien, este martes, se dio a conocer una declaración del Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad (MAFUCABA), en la cual dieron a conocer su preocupación donde aseguraron que "esa herramienta de respuesta y contralor ciudadanos prevista en la Constitución de la Ciudad debe ser utilizada con lealtad y cuidado".

En la comunicación conjunta sostienen: "En modo alguno debería ser pensado el pedido de Jury de Enjuiciamiento como una vía más para discutir una decisión judicial que no se comparte, para apartar del conocimiento de una causa a un determinado magistrado o para ejercer presión contra él, ya que ello podría importar una interferencia ilegítima en la función de los jueces, lo que debilitaría el sistema democrático de gobierno".

Por último, la nota firmada por la titular de MAFUCABA, Carla Cavaliere, y la vicepresidenta primera del Colegio, Claudia Barcia, plantea "la necesidad de adoptar una actitud prudente y mesurada", "evitando los agravios y declaraciones extemporáneas" e instan a "extremar el cuidado para evitar producir daños institucionales en el marco de un procedimiento tendiente justamente a preservar dichas instituciones, confiando en los mecanismos procesales y procedimentales establecidos legal y constitucionalmente".